El vocero de Economía Popular de la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas, Neptalí Paredes, desmintió públicamente que la acción emprendida para levantar los puestos de los comerciantes populares de la entidad haya sido “arbitraria”, tal como lo denunció una de estas trabajadoras hace algunos días durante un derecho palabra que tuvo en el Concejo Municipal de Charallave.
Paredes detalló que fueron levantados 75 puestos por incumplir las normativas que rigen este sector, como no ser residentes del municipio, puestos deteriorados, sin tener el respectivo permiso de la municipalidad y otros que estaban solos desde hace tiempo.
Enfatizó el funcionario que las normativas que regula el funcionamiento de este sector fueron discutidas y aprobadas el pasado mes de febrero por las catorce cooperativas organizadas que operan en el municipio, por lo que aseguró que los comerciantes tenían conocimiento de las acciones que se iban a ejecutar.
Recordó que entre las normas para laborar como comerciante popular en la localidad, se establece que deben ser residentes del municipio, pertenecer a una de las cooperativas ya existentes, trabajar diariamente y con uniforme y tener un solo puesto adjudicado y recalcó que quienes no cumplieron estas medidas fueron desalojados.
“Aún tenemos quince casos sometidos a evaluación ya que hemos evidenciado que algunos consejos comunales han dado cartas de residencia a varios comerciantes que viven en otros municipios, los estamos investigando a todos”,
indicó Paredes. Dio a conocer que no se están otorgando nuevos permisos para la economía popular, ya que se está trabajando en la organización de estos trabajadores.
MIP-TUY/L.O.
