La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó que la actuación del Ministerio Público en el caso de las 243 personas aprehendidas la madrugada del 08 de mayo, cuando las autoridades realizaron el desmantelamiento de las carpas que se encontraban instaladas en los municipios Baruta y Chacao del estado Miranda, estuvo orientada a garantizar los derechos humanos y la correcta aplicación de las leyes a los detenidos.
En ese sentido, informó que en una labor conjunta entre la Unidad Psiquiátrica y Psicológica de Atención Inmediata al Consumidor de Drogas de la institución y el Laboratorio Central de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se le realizaron evaluaciones psiquiátricas y de orientación a 190 personas, resultando positivas 49 en el consumo de drogas.
Ortega Díaz presentó el balance de las actuaciones realizadas por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la GNB en cuatro puntos de Caracas: En la avenida Francisco de Miranda (frente a la sede la Organización de Naciones Unidas) se detuvieron a 135 personas (50 femeninas y 85 masculinos) y en la Plaza Alfredo Sadel (Las Mercedes) se aprehendieron a 61 (51 varones, 10 hembras y 6 adolescentes).
Mientras que en los campamentos de la urbanización Santa Fe (Baruta) resultaron 6 personas detenidas (3 masculinos y 2 femeninas) y en la Plaza Bolívar de Chacao se capturaron a 36 ciudadanos (22 masculinos y 14 femeninas).
La Fiscal General precisó que en esos cuatro puntos se encontraron múltiples evidencias, entre ellas cuatro armas de fuego (dos escopetas, un revolver y una pistola), porciones de drogas, granadas de gas lacrimógeno, niples, pólvora, envases con gasolinas, metras, máscaras antigases, escudos, medicinas, fuegos pirotécnicos a los que se le adherían objetos que pudieran generar esquirlas al explotar y dinero en efectivo, como dólares y euros.
Asimismo, la máxima representante del Ministerio Público puntualizó que los funcionarios del Ministerio Público, incluyendo fiscales de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales y expertos criminalistas, garantizaron los derechos a los detenidos al realizarles reconocimientos médicos, acceso a los alimentos, familiares y abogados, así como traslado a centros de salud a quienes manifestaron tener algún problema físico.
Por último, la Fiscal General destacó que se articuló con funcionarios del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Libertador, la entrega de 11 adolescentes a sus padres. a quienes además se les dictó una medida de protección.
