El Defensor Público General, Ciro Araujo, destacó que en Venezuela no se niega la defensa privada a ningún ciudadano en condición de imputado, debido a que es un derecho consagrado en la Constitución Nacional.
«De las cifras que manejamos, el 90% de los jóvenes detenidos en los campamentos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en la plaza Bolívar de Chacao y la plaza Alfredo Sadel, cuenta con una defensa privada, es decir, de las 243 personas que serán presentadas a los tribunales, 5 de ellos escogieron ser representados por un defensor público; con esto queda claro que en nuestro país los ciudadanos gozan de plena libertad, aún en condición de imputados», manifestó Araujo, de acuerdo con un boletín de prensa del organismo que conduce.
Explicó que toda persona mayor de edad, en condición de imputado, acusado o penado ante las instancias jurisdiccionales tiene el derecho de ser asistida por una defensora o defensor público en cualquier estado y grado del proceso, ya sea a solicitud voluntaria del defendido o a solicitud del juez que lleva la causa.
«El Código Orgánico Procesal Penal también establece en su artículo 127 numeral 3 que el imputado o imputada tiene el derecho de ser asistido o asistida desde los actos iniciales de la investigación por un defensor o defensora que designe él o ella, o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público o defensora pública», añadió.
