La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que entregará un informe a los representantes de Amnistía Internacional, a fin de que tengan una visión completa y objetiva de lo que ha sucedido en el país a partir de los hechos de violencia suscitados desde el pasado 12 de febrero.
Así lo informó la máxima representante del Ministerio Público, luego de la inauguración de la Fiscalía 31° del Área Metropolitana de Caracas (AMC) con competencia para intervenir en las fases Intermedia y de Juicio en materia contra las drogas.
La Fiscal General consideró importante suministrar todos esos datos a los integrantes de la citada organización internacional, para que así puedan elaborar su informe con todas las visiones y se hagan una idea de lo que verdaderamente ha ocurrido en Venezuela.
A juicio de Ortega Díaz, ese documento preliminar acerca de los tres meses de violencia en el país, permitirá conocer con certeza las acciones vandálicas cometidas por un pequeño sector de la población, pero que ha causado angustia y afectado de una forma u otra a todos los venezolanos.
Lamentó que el Estado venezolano, especialmente sus instituciones, haya sido víctima de un ataque desmedido a escala internacional.
De igual forma, cuestionó la posición del Gobierno de Estados Unidos de supuestamente imponer sanciones a algunos funcionarios del Estado venezolano e incluso se preguntó en el marco de qué y bajo qué formulas legales ejercieron tales acciones.
Advirtió de que independientemente de que las instituciones del Estado actúen o no apegadas al marco legal, siempre habrá ataques por algunos gobiernos y actores políticos nacionales e internacionales.
“Si nosotros somos sinceros, debemos aceptar que durante los últimos tres meses en Venezuela todos hemos sido víctimas de ataques desmedidos de un sector minoritario de la población y, lamentablemente, en algunos medios de comunicación y en las redes sociales eso no se dice”, indicó Ortega Díaz.
En su opinión, pareciera que existe un sesgo en la información, sin señalar cuáles son las acciones de violencia y las razones por las cuales se detienen a los presuntos infractores de las leyes.
“Las personas que han resultado aprehendidas no fue por manifestar pacíficamente, al contrario, se detuvieron al ser sorprendidas en conductas y actuaciones que a la luz de la legislación venezolana son constitutivas de delitos”, aseveró la Fiscal General.
Afirmó que las instituciones tienen el deber de actuar para garantizar la paz y la tranquilidad, sancionar a quienes cometen delitos, pues la colectividad aspira que la pretensión punitiva del Estado se haga efectiva y no exista impunidad.
Respecto a las críticas por las actuaciones de los organismos de seguridad del Estado, manifestó que “las instituciones policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han entendido que vivimos en un nuevo Estado, uno en el que se respetan y se le da preeminencia a los derechos humanos. Quienes han violado esos derechos han sido castigados y por eso existen más de 145 investigaciones al respecto”.
Con relación al caso de Juan José Rendón, informó que existen dos denuncias, una por presunta violencia contra la mujer y otra por supuestamente haber recibido dinero del tráfico de drogas.
Acotó que en esa última denuncia interpuesta por un ciudadano y por diputados de la Asamblea Nacional, fue comisionado el fiscal 50° nacional, Daniel Guédez.
