Foto: Jaime Manrique
*** Los integrantes de esa Sala llamada Constitucional son los autores intelectuales de los abusos de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía, organismos públicos dedicados a atropellar, a reprimir y a someter cualquier protesta ciudadana contra la inseguridad, el alto costo de la vida, el desabastecimiento y la violación de derechos humanos
Los abogados que hacen de magistrados deben hoy estar ocupados en maquinar la extinción de los centros de estudiantes por ser nocivos para el buen funcionamiento de la sociedad e igualmente la de los sindicatos por no actuar en debida coordinación con los planes económicos del Estado y atentar contra la estabilidad del país.
Ya prohibieron las protestas. Manifestar es delito como consecuencia de la sentencia de esa Sala llamada Constitucional que concentra todo el poder en Venezuela y que puede de la noche a la mañana declarar inconstitucional cualquier cosa que a esos siete abogados les venga en gana.
Esos siete son los autores intelectuales de los abusos de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía, organismos públicos dedicados a atropellar, a reprimir y a someter cualquier protesta ciudadana contra la inseguridad, el alto costo de la vida, el desabastecimiento y la violación de derechos humanos por parte de empleados públicos cuyos sueldos sólo se justifican porque se les supone defensores de los ciudadanos. Todo aquel quien reclame públicamente, en la calle, un beneficio social o una rectificación en los errores de quienes tienen hundida la economía y aterrorizado al país, es considerado un malhechor. Y así, como criminales merecedores del más agresivo castigo de parte de las autoridades, son tratados los ciudadanos que critican los errores de Maduro.
Represión contra todo
el que piense distinto
Por exigir la libertad de estudiantes injustamente imputados como delincuentes y encarcelados como cualquier reo de alta peligrosidad en Tocorón o en El Rodeo, centenares de manifestantes han llevado palo de parte de esbirros que se deleitan en maltratarlos, dispararles perdigones a la cara o bombas lacrimógenas en locales cerrados, patearlos, arrastrarlos, torturarlos, mutilarlos. Claro, esos sujetos no actúan sólo movidos por sus salvajes instintos sino que se sienten amparados por superiores jerárquicos que les han ordenado emplear toda la violencia contra quienes se suponen enemigos del orden y de la patria.
Los siete de la Sala Constitucional deben estar de plácemes porque policías, guardias nacionales, colectivos, fiscales, alcaldes, gobernadores, jueces y ministros les han obedecido sumisamente. Sus órdenes de impedir las protestas y de acusar penalmente a quien ose reclamar en las calles sin el debido permiso del funcionario acusado, han sido cumplidas con extremado celo. Se detiene a señoras octogenarias, a transeúntes, a impedidos físicamente. No se salvan ni los hijos de gobernadores y de militares.
Seguro que van por más…
Detienen a menores de edad porque les da la gana y pasándole por encima a las leyes. Les hacen pruebas toxicológicas como parte de una ruin estrategia de presentarlos como drogadictos y viciados. Eso es lo que son para Rodríguez Torres: delincuentes, consumidores de drogas, vagos y golpistas.
Los siete de la Sala Constitucional deben estar satisfechos. Han impuesto su poder. Sometieron al mismísimo Gobierno. Ya los policías ni se distraen en perseguir ladrones, mucho menos secuestradores y asesinos. El robo de vehículos, el tráfico de drogas y la violación de menores son para ellos asuntos triviales. Lo importante es poner todo el peso del Estado contra el grave delito de manifestar. Eso ofende la moral revolucionaria y le hace creer al mundo que en Venezuela hay descontento. Esos siete, pináculo del derecho revolucionario, sienten que han cumplido su deber. Pero seguro que van por más. Siempre la revolución tiene asuntos pendientes con la patria.
La costosa justicia
revolucionaria
Igual que una multimillonaria propaganda le hizo creer al país que la Constitución de 1999 era para defender los derechos humanos, lo que ha quedado desmentido con la salvaje actuación de policías, colectivos, guardias nacionales, fiscales, ministros y jueces dedicados a torturar y a acciones que han terminado en asesinatos de quienes protestan en las calles, también mintieron al afirmar que ahora, en revolución, la justicia era gratuita. No es así. Centenares de jóvenes inocentes, cuyo único delito es protestar, siguen presos porque no pueden conseguir dos fiadores que tengan ingresos comprobados de Bs. 12.700. Es cierto que han agarrado a hijos de militares y de gobernadores en las manifestaciones, pero deberían tener presente que no todos son hijos de empleados del Gobierno
¿Cuál es la policía
no política?
Hace quince años se hablaba de la policía política. Con ese término se hacía alusión a la DISIP, hoy convertida en SEBIN. Una policía dedicada a investigar y combatir el espionaje contra el país, las conspiraciones que pretendían subvertir el orden institucional y político, el terrorismo contra los ciudadanos y contra el Estado. Era una acción policial callada, secreta, acorde con la naturaleza de ese delicado trabajo de enfrentar fuerzas ocultas y poderosas. La otra policía, la “no política”, era la que enfrentaba la delincuencia en la calle, la que protegía al ciudadano, la que se ocupaba del orden público cotidiano. Esa policía, como consecuencia de la descentralización impulsada a comienzos de los años noventa, quedó a cargo de los municipios y de los estados. Otra era la policía técnica y su nombre era gráfico: Policía Técnica Judicial, dedicada a procesar delitos y expedientes. No era de calle, sino de laboratorios, de oficinas, de tribunales.
Las cosas han cambiado. Regresó el centralismo con la Policía Nacional Bolivariana. Se le quitan atribuciones a las policías municipales, se intervienen, o se eliminan. Y tanto esa PNB, como la mayoría de los cuerpos regionales y municipales de policía, están dedicadas a la persecución política, a la criminalización de la protesta, a la represión. Ya el SEBIN no puede ni siquiera presumir de ser la policía política a cargo
La voz de Claudio
Claudio Fermín
Twitter: @claudioefermin
