Las partes enfrentadas en Venezuela tienen todavía la oportunidad de revertir la crisis, pero no hay tiempo que perder, pues hallar una solución es una tarea cada vez “más urgente y compleja” y va a requerir el concurso de la comunidad internacional, advirtió International Crisis Group (ICG).
Venezuela “necesita urgentemente aceptar su pasado reciente, alcanzar un consenso sobre cómo afrontar el futuro y reafirmar su compromiso con la paz y la democracia. Ni en el Gobierno ni la oposición podrán resolver esta crisis solos”, afirma la organización no gubernamental en un informe sobre el país caribeño publicado este miércoles.
En este amplio estudio, que repasa y analiza los orígenes, los detonantes y los protagonistas de la crisis y se hacen propuestas para conjurarla, ICG apunta que la situación está en un “punto de quiebre” y si se rompe definitivamente, tendrá consecuencias “graves” para la región, especialmente para Colombia y Cuba.
Según ICG, “ninguno de los actores implicados tiene en la actualidad el pleno control de la situación” en las calles, donde las protestas antigubernamentales se han venido sucediendo desde el 12 de febrero y ha habido hechos de violencia que ha causado más de 40 muertos y “numerosas violaciones de los derechos humanos”.
Como primera propuesta y “con el fin de impedir una deterioro socio-económico aun mayor”, las partes deben abocarse a un diálogo “creíble” basado en la Constitución de 1999 y centrado en la “recuperación del imperio de la ley y la separación de poderes”.
Si fallan en esta tarea y la violencia se propaga aún más, habrá “graves consecuencias para la estabilidad política de Venezuela a corto plazo”, lo que tendrá efectos negativos en los países vecinos y supondrá un “desafío considerable” para las instituciones hemisféricas”, dice la organización especializada en prevenir y resolver crisis, que tiene su sede regional en Bogotá.
Para ICG, a la comunidad internacional y a la ONU les interesa que la crisis venezolana se solucione de manera efectiva y deben por ello contribuir al diálogo y ayudar a alcanzar acuerdos susceptibles de “curar las profundas heridas de la sociedad” venezolana.
“Sean cuales sean sus simpatías ideológicas (las de los otros países), sería un grave error pensar que la crisis en Venezuela puede manejarse sin un apoyo externo y un cambio profundo interno”.
En el informe, la organización menciona a Cuba y a Colombia como países con influencia en Venezuela que pueden hacer algo más por desactivar una situación que puede llegar a ser explosiva.
La crisis, según ICG, es el fruto de “dos interpretaciones irreconciliables de la reciente historia venezolana” y la violencia actual está “profundamente arraigada” en la desconfianza que sienten mutuamente los seguidores y los opositores de Hugo Chávez, presidente venezolano desde 1999 hasta su muerte en 2013.
Los primeros, según este análisis, piensan que los segundos quieren volver a la situación anterior a 1999 apoyados por EE.UU., y los opositores creen que el chavismo quiere instalar a toda costa un régimen totalitario en Venezuela.
Por ahora, el diálogo entablado por el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en abril, dos meses después de que comenzaran las protestas estudiantiles a las que se sumó una parte de la oposición, no ha podido acabar con la violencia.
ICG considera que para que ese “frágil” diálogo apoyado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano pueda tener éxito es necesario que abarque “los factores claves” de la crisis y que “siente las bases para un consenso político”.
Los puntos en los que se necesita un consenso a corto plazo son el rechazo a la violencia y el freno de las actividades de los grupos “más proclives a desatarla”.
Al Gobierno le correspondería cesar las restricciones legales al derecho a la protesta pacífica, evitar “el uso excesivo de la fuerza”, liberar a los manifestantes detenidos y desarmar y desarticular a grupos de civiles armados partidarios del chavismo.
A la oposición le tocaría acabar con los llamados a que el presidente Nicolás Maduro renuncie y comprometerse con el principio de que cualquier “cambio de régimen” debe ser constitucional, además de garantizar que los manifestantes no porten armas.
Para el medio plazo, ICG considera esencial llegar a un acuerdo para “restablecer la autonomía de importantes instituciones del Estado, especialmente la Corte Suprema, la Fiscalía General y el Consejo Nacional Electoral, y dotarlas de profesionales respetados y verdaderamente independientes”.
También debería garantizarse la “exclusión de medidas de represalia durante y después de las conversaciones, incluyendo la consideración de una amnistía” para presos por motivos políticos.
Regresar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permitir que los supervisores de derechos humanos de la OEA y la ONU lleven a cabo investigaciones “in situ” también ayudarían a rebajar la tensión.
A la comunidad internacional le cabe también, según ICG, ayudar a bajar la escalada de la violencia, brindar garantías de que los acuerdos serán respetados y no se tomarán represalias, y colaborar en el diseño de una estructura y una metodología para el diálogo Gobierno-oposición.
EFE
