Luisa Ortega Díaz: «No podemos pasar inadvertidos un hecho que atente contra la estabilidad y paz del país»
CORTESIA / AVN
La Fiscal Ortega Díaz, afirmó que «todas las personas que aparezcan dentro del caso de intento de magnicidio, están en la posibilidad de ser imputada, privada de libertad o de que se le prohíba la salida del país»
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que «era necesario mostrar las pruebas» (correo electrónicos) que presentó este miércoles el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, debido a que, a su juicio, atentaba contra la estabilidad del país y la vida del presidente Nicolás Maduro.
Explicó que la referida institución inició una investigación penal y se solicitó al juez de control la interceptación o grabación de comunicaciones privadas de las personas implicadas en el referido caso, señalado en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal.
Indicó que ante esta denuncia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) autorizó interceptar las comunicaciones de los ciudadanos. Afirmó Ortega Díaz que «todas las personas que aparezcan dentro del caso de intento de magnicidio, están en la posibilidad de ser imputada, privada de libertad o de que se le prohíba la salida del país».
La representante del Ministerio Público señaló que aunque el COPP en su artículo 286 refiere que las pruebas de investigación “son reservadas y solo pueden tener accesos quienes están expresadas en el reglamento”, indicó que se hizo la denuncia debido a que “es un problema grave” para el país.
La intervención de comunicaciones privadas como parte de la investigación penal de los planes de magnicidio y golpe de Estado, fue autorizada por tribunales de la República a solicitud del Ministerio Público, desde el pasado mes de marzo.
La Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que tras denuncias recibidas el pasado 18 de marzo se comisionó al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para algunas diligencias vinculadas con la investigación y, conforme a los establecido por el Código Orgánico Procesal Penal, se solicitó la autorización para interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos.
«Se le solicitó al juez de control, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, eso fue debidamente autorizado por un juez de control, es más solicitamos una prórroga para continuar con estas interceptaciones de comunicaciones y correos”.
Explicó que, sin afectar la reserva que exige la ley y con la garantía de no interferir en el desarrollo del proceso legal que corresponde, el pueblo venezolano ha recibido y recibirá informes oportunos sobre esta investigación.
«Estamos frente a un problema de seguridad de Estado, es un problema grave, que tiene que ver con la estabilidad del Estado venezolano, las instituciones y con la vida de la máxima autoridad de este país: el Presidente de la República», puntualizó.
-Desde que se inició la investigación de estos planes desestabilizadores, el Ministerio Público ha realizado diversas actuaciones y no descarta la citación de personas que puedan aportar más datos, dijo.
«Nos encontramos con muchas sorpresas en esos correos que fueron interceptados y por lo tanto hay que profundizar y determinar quiénes aparecen como responsables de lo que allí se afirma y el Ministerio Público es el que tiene esa responsabilidad y lo vamos a hacer».
«Este miércoles, el Alto Mando Político de la Revolución presentó pruebas de un plan que atenta contra la vida del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que están involucrados agentes de la derecha nacional e internacional», reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.
