Familiares de los siete trabajadores detenidos se reunieron con la Fiscal Superior del estado Miranda, Yuraima Reyes, quien reconoció que las actuaciones realizadas previamente por ese ente tienen inconsistencias
Familiares y amigos de los siete trabajadores de la Corporación Capi que se encuentran privados de su libertad en calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Guarenas, se reunieron este martes con la Fiscal Superior del Estado Miranda, Yuraima Reyes, y recibieron como respuesta que será abierta una nueva investigación, toda vez que las actuaciones previas realizadas por el Ministerio Público en torno al caso, tendrían inconsistencias.
Así lo dio a conocer ayer un vocero de los familiares de los detenidos, quien pidió anonimato, ante la imposibilidad de reunirse con la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. “La Fiscal no vino a Guatire presuntamente por medidas de seguridad, pero fuimos recibidos por la Fiscal Superior del Estado Miranda, quien se comprometió a estudiar detalladamente el caso”, explicó la fuente.
Mientras tanto, este martes reabrió sus puertas la empresa Corporación Capi, ubicada en la Zona Industrial Terrinca de la ciudad de Guatire, pero lo hizo a media máquina por la inasistencia de parte de los trabajadores y por las acciones tomadas en contra de varios de ellos, que incluyen suspensiones y la introducción de varios documentos de calificación de despido por ante la Inspectoría del Trabajo por parte de la gerencia de recursos humanos de la misma.
“La Fiscal no nos dijo en sí que van a liberar a nadie de inmediato, pero nos dijo que van a investigar”, siguió el informante. “Ahora bien, le hacemos un llamado a Roberto Rabinovic, propietario de la empresa; Lisette Biord, gerente de Recursos Humanos de la misma; y Gustavo Guastaferro, Gerente de Almacén; para que den la cara, porque fueron ellos quienes armaron todo este lío y ahora no se les ve la cara”, agregó.
Los familiares de los trabajadores detenidos han recibido apoyo por parte de la Coordinadora “Simón Bolívar” (colectivo que funciona en la Urbanización “23 de enero” de Caracas) y presentaron el caso a diputados del Consejo Legislativo Regional.
Los hechos
Como es del conocimiento público, siete trabajadores cumplieron este martes un total de ocho días privados de libertad por estar presuntamente implicados en robo, hurto y agavillamiento en perjuicio de la mencionada empresa, pero compañeros de trabajo y familiares afirman que la denuncia realizada por ante el Cicpc es una maniobra para evitar que la masa laboral se sindicalice.
Según se conoció, representantes legales de la empresa trataron de “negociar” con los trabajadores que encabezan la conformación del sindicato el día viernes 23 de mayo, pero no lograron llegar a ningún acuerdo. El lunes siguiente, el día 26 de mayo, se presentó una comisión del Cicpc en la sede de la empresa y procedió a la detención de los siete trabajadores, acusándolos de robo, hurto y agavillamiento.
Ante tal situación, el resto de la masa laboral reaccionó indignada, y parte de ella impidió parcialmente el funcionamiento de la empresa desde entonces. De hecho, el domingo 1º de junio se presentó un grupo de compañeros de trabajo y familiares de los trabajadores presos en la sede de la empresa y no sólo impidieron que ingresara el turno de las 8 de la mañana, sino que anunciaron que se mantendrían en su posición hasta tanto reciban respuestas concretas.
En este sentido, la empresa ha reaccionado con suspensiones y con calificaciones de despido, pero los familiares de los detenidos y representantes de la masa laboral esperan que la Inspectoría del Trabajo impida nuevas acciones en perjuicio de los trabajadores.
El dato
Los trabajadores detenidos en los calabozos del Cicpc en Los Naranjos (Guarenas) son Rafael Chamorro, Joán González, José Francisco González, Carlos Álvarez, Víctor Yánez, Enderson Jaspe y José González, presentados el pasado miércoles por ante el Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Guarenas
Edward Sarmiento
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