Este jueves, la diputada Dinorah Figuera, Jefa de la Fracción Parlamentaria de Primero Justicia y Coordinadora del Bloque del Grupo Constitucional, calificó como “obsoleto” el convenio firmado entre Banco Central de Venezuela y Tribunal Supremo de Justicia, en tiempos donde derecho al acceso a la información económica debiera estar garantizados para todos los venezolanos.
Figuera indicó que este acuerdo devela el secretismo del BCV, en relación al acceso a los datos económicos, que cada día se cierran más no sólo a los venezolanos, sino a interesados en la materia.
“Ha sido público y notorio el hecho que el Banco Central de Venezuela oculte por ejemplo las cifras de inflación, indicadores que han sido exigidos por varios sectores del país, las cifras de escasez e inclusive la información de las reservas del oro. Lo que anuncian con bombos y platillos como un gran convenio, simplemente es un filtro ya establecido de manera sistemática por el BCV y nos coloca en desventajas con respecto a otros países, donde cualquier ciudadano tiene acceso a la información que requiere por parte de las instituciones del Estado”, aseveró.
Asimismo, la parlamentaria por la tolda aurinegra, manifestó que el organismo bancario nacional, estarían violando los artículos 28, 51, 58 y 143 de la Constitución, al no rendir información pública y oportuna “tal es el caso de la inflación que llevan dos meses sin suministrarlas. Este convenio con el Poder Judicial sin duda alguna tendrá una importancia lo que le permitirá actuar con celeridad y de manera selectiva. En consecuencia, urge la aprobación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública que ha sido propuesta por diferentes organizaciones no gubernamentales y partidos políticos”.
Anunció que acudirá al Palacio de Miraflores a consignar el proyecto de texto legal para que sea aprobado por el Ejecutivo Nacional vía Habilitante, a propósito de la urgencia e interés que tiene para todos los venezolanos “en un momento donde se estima una recesión económica en el país la presentación de cuentas claras se hace imperativa, no sólo del BCV si no también otras instituciones del Estado Venezolano. Además, esto si se encuentra dentro de las competencias en que le fue aprobada la Ley Habilitante, es decir, en materia económica, mientras que con el uso que le está dando, se aleja de su razón y propósito”.
