Gonzalo Himiob Santomé: Ensañar

El ensañamiento contra los manifestantes, como política de Estado, es la regla. Este Juez es el mismo que ordenó la libertad bajo cautelares a siete de los ocho funcionarios policiales que fueron acusados por las muertes de Juan Montoya y de Bassil Da Costa, mientras que a cinco de los detenidos del PNUD, acusados por delitos mucho menos graves, les ordenó su “pase a juicio” privados de su libertad

El segundo significado literal posible de la palabra “Ensañar” es, según el DRAE, “Deleitarse en causar el mayor daño posible a quien ya no está en condiciones de defenderse”. De momento mantendremos en breve suspenso cuál es el primer significado posible. Quiero detenerme en los significados de esta palabra, pues si algo nos ha quedado claro en esto ya casi seis meses de continua lucha ante los tribunales de todo el país a favor de los ya cerca de 3.300 detenidos por haber ejercido su derecho a protestar contra el gobierno, es que el verbo que mejor describe la conducta de los cuerpos de seguridad, de la Fiscalía y hasta de los tribunales es ese: Ensañar.

Impunidad en violaciones a derechos humanos en 90%

Sobre la manera en la que los cuerpos militares y policiales han tratado a un importante número de detenidos, incluso ya después de haberlos sometido al momento de su arresto, y sin que hubiera necesidad alguna de violencias de tipo alguno, mucho hemos escrito y comentado. Tan grave ha sido la cosa, que la propia Fiscal General ha tenido que reconocer que tales abusos, torturas y tratos crueles e inhumanos han tenido lugar, y así sea para “montar el paro”, como decimos en Venezuela, se ha visto forzada a iniciar procedimientos penales contra algunos, solo algunos, funcionarios policiales y militares contra los que el peso de las evidencias, abrumador, no permitía jugarretas de impunidad. Es por ello que en recientes declaraciones a los medios, Luisa Ortega admitía que el ensañamiento al momento de detener a los manifestantes sí ha existido, que su despacho dirige 142 investigaciones por violaciones a los DDHH en relación a los hechos que han tenido lugar en nuestro país desde el 12F, y que por estas graves afrentas contra la dignidad humana, según ella, al menos 14 funcionarios policiales y militares “están privados de su libertad”.

Suena bonito, pero no lo es tanto cuando una simple operación matemática nos demuestra que, si son ciertas sus cifras, y aún en el supuesto improbable de que en cada una de esas 142 investigaciones solo se estuviese investigando a un solo policía o a un solo militar (que no es el caso, pues en estas situaciones debe involucrarse no sólo al que ejecuta, sino además a quienes encubren los hechos y a los que emiten las órdenes respectivas) el “rango de efectividad”, por así llamarlo, de estas investigaciones no supera el 10%. En otras palabras, si damos por válidas las cifras oficiales, y si aceptamos que en cada una de esas investigaciones se está involucrando (lo cual no es posible ni aceptable) a solo una persona, en materia de lo que han sido las violaciones a los DDHH en el contexto de las protestas, el margen de impunidad de los funcionarios actuantes es superior al 90%.

El mensaje que esto envía a los funcionarios abusadores, a los que violan los DDHH de los que son detenidos durante las protestas, es muy claro: Sigue haciendo lo que haces, sigue abusando, sigue torturando y sometiendo a tratos crueles e inhumanos a los manifestantes que detienes. El sistema te “garantiza” un 90%, por decir lo menos, de impunidad. Esto es, sin lugar a dudas, promover el ensañamiento.

Mayoría de protestas son criminalizadas formalmente

Estos números, además, no pueden ser interpretados sin contrastarlos con lo que ha sido el “rango de efectividad”, que de la mano de Fiscales y Jueces, ha demostrado este sistema represivo contra quienes han tenido la “osadía” de alzar su voz contra el gobierno desde el 12F. Si nos limitamos solo a las cifras que maneja el Foro Penal Venezolano, vemos que de los 3238 arrestos que a esta ONG les han sido reportados, a esta fecha, 2.068 personas han sido sometidas a proceso penal bajo medidas cautelares y al menos 70 ciudadanos están privados de su libertad a la espera de acusación o de juicio. Esto nos demuestra que contra estos ciudadanos sí ha sido “efectivo” el sistema, pues revela que en el 66,02% de los casos se ha criminalizado formalmente, sometiéndolos a proceso penal, a los manifestantes. Ojalá el Ministerio Público fuera tan “dedicado” y “eficaz”, contra la delincuencia común, o en los casos que involucran funcionarios militares y policiales que violan nuestros DDHH.

Lo que ocurre es que los jueces y los fiscales que intervienen en los casos de las protestas, lo he visto directamente y puedo hablar de ello con propiedad, más pendientes de mantener su “quince y último” que de servir a la Constitución y a la ley, cual es su deber, o simplemente por cobardía o por ramplona maldad, muestran un nivel de ensañamiento contra los manifestantes que, por sí mismo, ya revela el carácter político, que no jurídico, de la persecución a la que los someten.

Flagrante violación a la Constitución

Créanme que quisiera que fuera diferente, que me encantaría relatar que he visto en estos procesos actos de coraje y de respeto a las normas, por encima de las veleidades políticas, a cargo de jueces y fiscales, pero lamentablemente los pocos que he visto son tan ínfimos que terminan opacados y asfixiados bajo toneladas de dislates, absurdos jurídicos y abusos claros.

¿No me lo creen? Preguntémonos por ejemplo por qué un Fiscal, como acaba de ocurrir apenas este martes en el caso de los detenidos en el PNUD, se opone al final de una audiencia a la decisión de un Juez que concede la libertad bajo cautelares a algunos detenidos, entre ellos dos mujeres, y pide la “suspensión de los efectos” de la misma solo porque eso no es lo que estaba dentro de su “guión” prestablecido; o por qué el Juez, el mismo que dictó la decisión libertaria, le sigue el juego de ensañamiento a dicho Fiscal, contra jóvenes que ante el poder están en minusvalía, y le acepta la pataleta, dejando encarcelados a quienes él mismo ya había ordenado liberar.

Quizás las respuestas están a la vista, son muy dolorosas y nos demuestran que el ensañamiento contra los manifestantes, como política de Estado, es la regla. Este Juez es el mismo que ordenó la libertad bajo cautelares a siete de los ocho funcionarios policiales que fueron acusados por las muertes de Juan Montoya y de Bassil Da Costa, mientras que a cinco de los detenidos del PNUD, acusados por delitos mucho menos graves, les ordenó su “pase a juicio” privados de su libertad.

Es decir, según el gobierno, representado por la Fiscalía y por los jueces, si se sospecha que matas a tus semejantes tienes derecho a afrontar un juicio penal en libertad, pero si se sospecha que estás contra el gobierno (pues esa es la “gran afrenta” de los manifestantes) debes ir a juicio preso, aunque la Constitución ordene lo contrario y aunque ante la ley, se supone, todos somos iguales.

¿Cómo hemos de llamar a tal barbaridad?

El problema, también, es todo lo que esto genera. Sea una estrategia deliberada para mantener la conflictividad social, o simple y obtuso descuido, “ensañar” es también, según el DRAE, “irritar” o “enfucerer”. Y en efecto, ver cómo la ley vale para unos y para otros no, tal y como ocurría en el pasado, irrita y enfurece a muchos más de los que el poder, ciego en sus abusos y tropelías, está dispuesto a reconocer.