Los expertos hablan de cifras que van desde los 4 hasta los 15 millones de armas. Si se destruyeran cada año más del doble de la cantidad de armas que se han inutilizado o destruido este año, tardaríamos más de 150 años para destruir sólo 2 millones de armas
Venezuela tiene una de las tasas de homicidio más alta del mundo y más del 82% de los homicidios se producen por el accionar de armas de fuego. Es urgente implementar un Plan Nacional Integral para el desarme y la destrucción de armas de fuego.
El pasado 8 de agosto de 2014 la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunciaba la inutilización de 446 armas, indicando que desde enero ya eran 6.770 armas inutilizadas en este año. La prensa recordaba que en los 11 años anteriores (del 2003 al 3013) se destruyeron 338.482 armas de fuego, es decir, un promedio de 30.771 armas destruidas por año. Por lo que este año, en un poco de más siete meses sólo se han inutilizado un 22% del promedio anual de armas destruidas en los 11 años anteriores.
Ese mismo día el Presidente de la República anunciaba la asignación de 150 millones de bolívares para el Servicio Nacional para el Desarme. En Venezuela nadie sabe a ciencia cierta cuantas armas de fuego, legales e ilegales, están en las calles. Los expertos hablan de cifras que van desde los 4 hasta los 15 millones de armas. Si se destruyeran cada año más del doble de la cantidad de armas que se han inutilizado o destruido este año, tardaríamos más de 150 años para destruir sólo 2 millones de armas. Esto si se lograra controlar la importación y el contrabando de armas de fuego.
La Ley
El artículo 81 de la Ley para el desarme y control de armas de fuego y municiones establece claramente que “El Estado venezolano, a los fines de salvaguardar la paz, la convivencia, la seguridad ciudadana y de las instituciones, así como la integridad física de las personas y de sus propiedades, implementará políticas integrales dirigidas al desarme de la población, mediante la promoción y desarrollo de acciones de concientización y sensibilización, que contemplen la instauración de una cultura de paz y respeto a los Derechos Humanos, fomentando la entrega voluntaria y la recuperación de armas de fuego y municiones, así como la destrucción de las mismas.”
Es claro que es el Estado el principal responsable en materia de la seguridad ciudadana y, particularmente, en este tema tan sensible, pues debe implementar políticas públicas para el control y el desarme de la sociedad. No obstante, la sociedad toda tiene que salir de cierto nivel de postración y comprometerse, de modo activo y organizado, en estos procesos como parte del camino que hay andar para construir la paz como un horizonte social común.
La participación ciudadana
La participación social organizada constituye una acción idónea para la expresión y ejercicio democrático. Los espacios, iniciativas y formas para esa acción son diferentes, si lo consideramos desde los contextos sociales en que se desarrolla, dimensiones del tema y las motivaciones. Las diferentes organizaciones sociales y la ciudadanía en general, partiendo cada quien de sus capacidades, estamos convocados a poner cada cual lo suyo en un proceso que nos permita superar el problema.
Es mucho lo que podemos hacer organizadamente. Entre las miles de iniciativas que podemos implementar, las siguientes no deberían estar ausentes: la exigencia al Estado que muestre resultado, pues en la medida en que lo haga sabremos que cumple con su responsabilidad de garantizar dos derechos humanos como lo son la seguridad ciudadana y la vida. Monitorear, fiscalizar y apoyar las políticas públicas encaminadas en este sentido; exigir que las políticas implementadas tengan un enfoque de Seguridad Humana, Integral y Democrático; y colaborar en la implementación de los nuevos planteamientos sobre seguridad ciudadana, desde el liderazgo local.
Debemos conquistar el objetivo estratégico de la erradicación total de las armas en manos de la población civil. Para ello tenemos el reto de la construcción democrática y, por tanto, colectiva de un sentido común compartido en torno a la convivencia pacífica, la resolución no violenta de los conflictos y revaloración de la vida.
Políticas de control y desarme
Cuando nos referimos al control de armas de fuego y desarme hablamos de dos paradigmas distintos, pero complementarios.
El control de armas está referido a la ilegalidad. Se pretende reducir los excedentes que hay, compuestos, fundamentalmente, por armas de fuego en estado ilegal. Se pretende evitar el desvio de armas adquiridas legalmente y que terminan en los circuitos de la ilegalidad.
El desarme apunta a reducir la totalidad de las armas en una sociedad, incluyendo a las que se encuentran en estado legal. El objeto que se plantea desde este paradigma es reducir el excedente, sacando de circulación todas las armas de fuego en manos de la población civil. La proliferación de armas tiene una expresión claramente dolorosa en las miles de muerte y lesiones que su fácil acceso facilita. La preocupación desde esta perspectiva es el uso indebido, sean estas legales o ilegales.
Es necesario combinar medidas comprendidas bajo los dos paradigmas. Si sólo se aplican un tipo de medidas se tendrán pocas garantías de éxito. Por una parte el control de las armas no se podrá llevar acabo si estamos llenos de ellas; sin duda, la abundante existencia de armas de fuego conduce a muertes y lesiones por esas armas. Por otro lado, sacar de circulación las armas de fuego de la sociedad no logrará el objetivo de reducir la violencia que se produce con ellas, si no existen mecanismos claros establecidos de control que eviten el ingreso de nuevas armas y el desvío de ellas a la ilegalidad.
Tanto el control como el desarme son condiciones necesarias y complementarias para reducir la violencia armada. Lo que habría que acompañar con otras políticas dirigidas a aumentar la seguridad pública.
No sobra nadie
Todas las manos son necesarias y urgentes. Las consecuencias sociales por la proliferación de armas de fuego y su uso indebido afecta a todo el conjunto social. Poco importa la condición social, sexo, edad, etnia, nivel educativo, preferencia política o religiosa; las armas de fuego nos afectarán sin duda alguna. En esto del control y el desarme no sobra nadie
La voz de los derechos humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Alfredo Ruiz / Jesús Machado