Los supermercados venezolanos tendrán operativo desde el 30 de noviembre próximo el sistema biométrico o de captahuellas dactilares con el cual el Gobierno busca anular el contrabando de productos de consumo básico y masivo, anunció hoy el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
«El sector privado está muy de acuerdo (…); todos acordaron para el 30 de noviembre adoptar el nuevo sistema», aseguró Méndez en una entrevista en el canal caraqueño Televen de la red privada de televisión, en alusión a los dueños de los supermercados privados y a los administradores de los estatales.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien calcula que escapa a Colombia alrededor de 40 % de la producción nacional o lo que importa para ser vendido a precios subsidiados, ha aumentado este mes su ofensiva contra el contrabando y Méndez remarcó hoy que «es un error» asociar este delito «solo a la frontera».
«También se realiza internamente» en las ciudades alejadas de las fronteras donde se multiplica el llamado «mercado negro» y donde se revenden a precios superiores los productos que escasean en los mercados regulares, destacó el funcionario.
El sistema biométrico o de captahuellas permitirá que cada venezolano «haga su compra semanal con un rango de compra bastante tolerante y amplio y así evitar que una persona compre hasta 20 veces» más de lo que necesite, sostuvo el funcionario.
Los críticos de las iniciativas gubernamentales contra el contrabando, la escasez y la especulación han recordado que al inicio del control de cambio que rige en Venezuela desde 2003 el Estado vendía 5.000 dólares a quienes viajaban al exterior y otros 3.000 dólares para compras a través de internet, y autorizaba hasta 500 dólares mensuales para cubrir remesas familiares individuales.
En la actualidad, cada beneficiario de remesas puede recibir un máximo de 166,66 dólares y no pueden ser más de tres personas, las compras por internet bajaron a 400 dólares anuales y a los viajeros hacia destinos próximos se les da solo 700 dólares también anuales.
Maduro dijo el miércoles pasado que su decisión de instalar un sistema biométrico o de captahuellas en las tiendas públicas y privadas constituye una orden «ya dada» a sus ministros del área de la economía y a la Superintendencia de Precios.
El jefe de Estado explicó que el sistema de uso de captahuellas es el mismo que utilizan las autoridades electorales para evitar fraudes con los votos, remarcó que ampliarlo ahora a los comercios «es una bendición» y que no duda de que «será un sistema perfecto».
Para la oposición política y económica el sistema equivalente a la tarjeta de racionamiento cubana, un sistema por el cual el Gobierno de la isla subsidia un consumo básico mensual a sus ciudadanos. EFE
