Se reconoce el esfuerzo de iniciativas como la Misión Barrio Adentro que ha rendido frutos tangibles, pero aún dista mucho de ser un sistema que en cantidad y en algunos casos –en calidad- sea suficiente para estar satisfechos en materia de asistencia y cobertura en salud pública
A propósito de la profundización de la crisis asistencial de los servicios de atención médica en el sistema público, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) refleja fidedignamente el dilema tramposo en que han caído los Estados y sus respectivos Gobiernos para ofrecer (en el papel, en la teoría, en las leyes) una cobertura de servicios de salud sin ningún tipo de filtro, limitaciones o restricciones, pero que en la práctica, estamos claros que no se cumple.
Y he aquí el meollo del asunto. No se cumple porque no es financieramente ni logísticamente posible. Esto debe obligar a los dirigentes políticos de todos los colores a reflexionar, con el corazón en la mano, sobre un gesto sublime de sinceridad con el pueblo para hacer ofertas más factibles, que cambien lo ideal por lo posible y se enfoque más en la calidad de una oferta de servicios asistenciales acordados como prioritarios. Para los que los abrigue la duda, apelen al sentido común que nos convence de que más vale pájaro en mano que 100 volando.
Ya hay algunos asomos, quizás circunscritos más a lo económico productivo, pero que es extrapolable a los servicios de salud, como la sentencia reciente de Alí Rodríguez Araque en las que señalaba que el Estado no puede asumirlo todo.
En el estudio del BID se cita: “Ningún país, por más rico que sea, está en capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida”, apreciación hecha por la Organización Mundial para la Salud (OMS, 2010).
El racionamiento implícito, según el trabajo del BID, no define ni prioriza un conjunto de prestaciones. “Bajo ese esquema, el sistema de salud estaría obligado a proveer todo lo que un ciudadano necesite y cuando lo necesite. Sin embargo, como las necesidades de la población son mayores que los recursos disponibles, no es posible satisfacer toda la demanda. Así, a medida que los recursos del sector se agotan se generan listas de espera, se niegan los servicios en el punto de atención y aparecen dificultades para recibir autorización de trámites”, describe acertadamente el informe.
Se agrega que: “Los adeptos del racionamiento implícito rechazan el racionamiento explícito por razones éticas y políticas. Una priorización explícita sería contraria al derecho a la salud”.
Pero habría que preguntarse, en el caso venezolano, qué tenemos en la teoría y que tenemos en la práctica. Se reconoce el esfuerzo de iniciativas como la Misión Barrio Adentro que ha rendido frutos tangibles, pero aún dista mucho de ser un sistema que en cantidad y en algunos casos –en calidad- sea suficiente para estar satisfechos en materia de asistencia y cobertura en salud pública.
Miguel Pérez Abad
