En la reunión – seminario auspiciada por el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura realizada en Paraguay, se abordó, entre tros puntos, la presencia de torturadores y genocidas que participaron en las pasadas dictaduras en Latinoamérica, hoy en día ocupando cargos públicos en los gobiernos actuales, provocando temor, desesperanza y miedo en la población civil
Recientemente representantes de 17 organizaciones de derechos humanos y de instituciones de salud que acompañan procesos de rehabilitación, recuperación psicosocial y búsqueda de justicia de personas que han sido víctimas de tortura, se reunieron en la ciudad de Asunción, Paraguay.
En esta ciudad, en el marco de esta reunión – seminario auspiciada por el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), se realizó el 17º Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, que agrupa a organizaciones de 13 países de América Latina.
Graves violaciones a los derechos humanos
En dicho “Encuentro” los integrantes de esta Red Latinoamericana, evaluaron los avances continentales en la lucha contra la tortura y la impunidad, constatando la creación de leyes específicas contra la tortura y la creación de “Mecanismos y Comisiones para la Prevención de la Tortura”, aún incipientes en varios países de la región y proclamaron un “Pronunciamiento” en el cual expresan su preocupación por el incremento de los niveles de violencia en el continente, impuesta desde el Estado, con una profundización de las prácticas de tortura y violaciones a los derechos humanos, junto con la implementación de nuevas modalidades represivas que incluyen la estigmatización, criminalización y judicialización de la protesta social como instrumento principal de control político de la población.
Todo lo anterior, en un proceso de militarización que niega los anhelos de vivir en democracia en nuestros pueblos. Así como la promulgación de leyes represivas orientadas a controlar el pensamiento, la voz y la acción de nuestros pueblos que demandan justicia; otras leyes elaboradas por empresas trasnacionales y aprobadas por nuestros gobiernos, que fortalecen su presencia y se les entrega nuestros territorios y recursos naturales; que ignoran y afectan los derechos de los pueblos originarios; y fenómenos de alta polaridad social que llevan a posicionamientos antagónicos e irreconciliables entre personas o sectores sociales.
Constataron también: la presencia de torturadores y genocidas que participaron en las pasadas dictaduras en Latinoamérica, hoy en día ocupando cargos públicos en los gobiernos actuales, provocando temor, desesperanza y miedo en la población civil.
Extensa declaración señala:
*** La servidumbre de algunos gobiernos de la región Mexicana y Centroamericana a los Estados Unidos, que se han embarcado en una guerra contra el narcotráfico, que contribuye al incremento de la violencia y la inseguridad en detrimento de la población, privándoles de sus derechos fundamentales.
*** La militarización de los centros penitenciarios, las sistemáticas violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad, por ejemplo: hacinamiento, prácticas de tortura, deficiente atención de salud y alimentación, en un ambiente de altísima violencia y lucha por la sobrevivencia.
*** La utilización de medios de comunicación para la manipulación de la información que buscan y logran distraer la atención de la población, manteniendo la indiferencia ante los problemas cruciales de orden político, social y económico que afectan a la sociedad.
*** La situación de riesgo permanente en que viven las mujeres y el incremento de los feminicidios; con poca o ninguna respuesta por las autoridades que tienen la responsabilidad de proteger sus vidas.
*** La falta de políticas sociales incluyentes, que disuadan a nuestros compatriotas de la migración forzada en busca de oportunidades, que ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias.
Exigencia a Estados del continente:
1. Garanticen el bienestar integral de los pueblos, el irrestricto respeto de los Derechos Humanos, por lo cual es inadmisible que los Estados latinoamericanos continúen las prácticas represivas descriptas en este pronunciamiento.
2. Se deroguen leyes que limiten los derechos fundamentales de los hombres y mujeres y que cese la entrega de nuestro territorio a las empresas trasnacionales.
3. Implementen políticas idóneas y efectivas de reparación integral, incluyendo el cumplimiento del derecho a la rehabilitación, de las personas que fueron afectadas por las violaciones a los derechos humanos, cometidas en el pasado durante las dictaduras, así como en los gobiernos constitucionales posteriores, incluido los actuales. Con mayor urgencia en los países que no han iniciado este proceso de Verdad, Justicia y Reparación.
4. Implementen políticas sociales incluyentes que garanticen los derechos sociales económicos y políticos de las mujeres, hombres, niñas y niños.
5. Se investiguen los casos de víctimas de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes y los responsables sean sancionados, consideramos que la impunidad hace imposible la reparación, revictimizando a cada uno de los afectados, impidiendo la recuperación de sus proyectos de vida y la reconstrucción del tejido social.
6. Se investiguen los casos de feminicidios y se sancionen a los responsables, que se cumpla con el deber de garantizar el derecho a la vida de las mujeres, y su derecho a vivir libres de violencia y discriminación, sin miedos ni amenazas.
Disposiciones finales
Las organizaciones firmantes condenan a todos los Estados del mundo que desarrollan políticas de guerra, de agresión y venta de armas a países en conflicto; saludan la recuperación en Argentina del nieto número 114 y la nieta 115, hijo e hija respectivamente de padres y madres desaparecidos durante la última dictadura; señalando que este logro, producto de la lucha que viene realizando por décadas el movimiento de derechos humanos, reafirma la esperanza y el compromiso de todos y todas las luchadoras por la justicia y verdad.
Por último, se solidarizan nuevamente con el pueblo Palestino, víctima de los asesinatos, del abuso y el terror por parte de Israel; abogamos por el inmediato restablecimiento de la paz.
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz Alfredo Ruiz