Ecuador, implicado en una batalla legal con la petrolera Chevron, anunció este lunes que propondrá poner en marcha el observatorio multiestatal de empresas trasnacionales durante una reunión con delegados de varios países que se realizará este miércoles en Caracas.
En la cita, que reunirá a representantes de varios países sudamericanos, centroamericanos y caribeños, se dará «seguimiento a la discusión sobre cómo podemos unir nuestras informaciones y análisis para defendernos de algunas empresas trasnacionales», declaró el canciller Ricardo Patiño a la agencia pública Andes.
El encuentro, que reúne a países que consideran afectados por las trasnacionales, será el segundo de su tipo que se realiza tras el celebrado el año pasado en Guayaquil.
Entonces, los delegados de 13 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Uruguay, plantearon la creación del observatorio de empresas multinacionales con apoyo de varios Estados.
«El miércoles posiblemente vayamos a tomar la decisión de constituir un observatorio del sur de empresas transnacionales«, afirmó Patiño al canal público de televisión.
En ese sentido, destacó la importancia de implementar la iniciativa con el fin de reunir información sobre los pleitos que involucran a países con multinacionales, y apoyarse mutuamente.
«Esto es básico» para compartir y analizar información sobre lo «que hacen empresas como Chevron, empresas como Oxy que han agredido a nuestros países y además utilizando de manera absolutamente ilegal e ilegítima los tribunales», comentó el funcionario.
Ecuador alienta desde hace un año la creación de un frente común de defensa contra las multinacionales, a raíz del pleito con Chevron, empresa a la que la justicia ecuatoriana condenó en 2013 a pagar 9.500 millones de dólares por daño ambiental en la Amazonía.
La compañía, que rechaza su responsabilidad y atribuye el daño a la estatal Petroecuador, con la que operó en consorcio su filial Texaco entre 1964-1990, busca que una corte internacional de arbitraje obligue al Estado ecuatoriano a asumir la indeminización, lo que ha desatado una lucha mediática entre las dos partes.
