En el encuentro, representantes de la Superintendencia ratificaron su compromiso para atender a los 6.400 usuarios estafados y resarcir los daños causados por la concesionaria privada.
Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Precios Justos se reunieron con un grupo de las personas afectadas por los propietarios del Concesionario La Venezolana, con el objetivo de repasar el cronograma de acciones administrativas y legales que se acordaron en las mesas de trabajo que iniciaron el pasado 19 de agosto.
En esta reunión se informó que el presidente de la Junta Ad Hoc encargado del caso renunció a su cargo, razón por la cual el superintendente Andrés Eloy Méndez designará en los próximos días un responsable con el perfil técnico y la formación adecuada para cumplir esta tarea.
Cinco personas se encuentran privadas de libertad por la presunta comisión de legitimación de capitales, asociación para delinquir y estafa.
Asimismo, la Superintendencia mantiene una medida de ocupación temporal del concesionario, cuya sede está ubicada en el estado Miranda.
El Estado ha planteado la posibilidad de que las personas afectadas por la empresa privada puedan adquirir carros chinos y optar a créditos a través de la banca pública para la adquisición de los vehículos.