“Los precios deben ser solidarios, pero a su vez, deben tener un valor que promueva su uso, goce y disfrute conscientemente”
Es comprensible la crítica a la idea de permitir que los precios de ciertos bienes y servicios esenciales para la población cubran sus costos de operación y dejen una rentabilidad. De cumplirse esta premisa, las poblaciones más vulnerables no podrían tener acceso a servicios como el Metro o a la red de abastecimiento alimenticio como Mercal y Pdval. En este sentido, comparto la premisa, pero, siempre hay un pero que considerar. No podemos movernos entre los extremos y otra vez la refranería popular tiene -en su repertorio- un dicho más que elocuente: ni calvo ni con dos pelucas.
Se acepta y es razonable que ciertos bienes y servicios esenciales como el transporte público masivo, algunos alimentos y prestaciones médico asistenciales tengan subsidios estatales que hagan posible que los más necesitados puedan disfrutar de estos beneficios a una tarifa social, accesible, o incluso en casos excepcionales, gratis.
Pero cuando se llegan a extremos (los extremos nunca son buenos) brotan una serie de aberraciones sociales como el abuso o uso irracional de servicios y bienes que, le cuestan un ojo de la cara, al Estado o empresas privadas prestarlos o producirlos. El derroche se convierte en la norma. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta!.
Hay una consecuencia aún peor, los precios demasiados bajos, irreales, se convierten en la posibilidad de hacer negocios especulativos como comprar grandes cantidades y revenderlas en puntos remotos o practicar el contrabando de extracción.
La congelación de precios de algunos bienes y servicios de empresas del Estado hace que sea menos costoso, léase bien, no cobrarlos, que hacer toda una inversión millonaria en sistemas o equipos de cobro de pasaje y contratación de personal para que la gente pague por ese servicio una cantidad irrisoria.
En algunos metros de Europa, no hay torniquetes ni de entrada ni de salida, simplemente se deja a conciencia de los ciudadanos hacer lo debido, comprar su boleto en una taquilla y dirigirse al tren, embarcarlo, y quizás, probablemente, en el trayecto de su viaje, un funcionario de la empresa le solicite el boleto para verificar. Y si no lo tienen, ¡ay mamá! le cae todo el peso de la ley. Entiendo que estas experiencias no son extrapolables fácilmente, pero muestra definitivamente que hay cosas que, aguas adentro, debemos revisar.
Una de ellas: los precios deben ser solidarios, pero a su vez, deben tener un valor que promueva su uso, goce y disfrute conscientemente. Y en los casos más excepcionales, brindar una subvención directa a esa población extremadamente vulnerable. Pero una política indiscriminada de precios bajos, hace que se beneficie al más necesitado, cierto, pero se van coleado millones de venezolanos que no requieren esa subvención, que en mi opinión son mayoría. Apliquemos estos criterios al servicio eléctrico, tarifas de transportes públicos estatales, gasolina, gas doméstico y precios regulados de productos alimenticios.
Miguel Pérez Abad
