«Para este mismo año esperamos presentar la acusación contra los responsables de este hecho, así como la concreción de las órdenes de aprehensión libradas», dijo la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
«Este trágico suceso es una muestra de nuestro oprobioso pasado. Durante décadas, entre 1958 y 1998, el país vivió bajo la ignominia de la violación a las garantías fundamentales. Se delineó desde altas instancias del Estado una política para aniquilar a la disidencia política, irrespetando los distintos pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el derecho internacional humanitario que se aplica para la protección de personas que no se encuentran incursas en los conflictos armados», subrayó la fiscal.
Mencionó que es así como hoy el Ministerio Público, como parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad, adelanta una investigación penal para dar con los responsables de este hecho, «que pese a su gravedad no atrajo la atención de organismos internacionales y ong´s (organizaciones no gubernamentales) defensoras de los derechos humanos».
La fiscal señaló que actualmente se han logrado individualizar responsabilidades penales a través de un trabajo técnico, científico y jurídico de los fiscales de Protección de Derechos Fundamentales, en el que participan además equipos de científicos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales.
«Nuestra voluntad y compromiso con el esclarecimiento de este y otros sucesos que enlutaron a nuestro país busca la justicia tan añorada por muchos a lo largo de estos años, en especial por los familiares de las víctimas. Además, tiene como objetivo contribuir a la construcción de la memoria colectiva para evitar que este tipo de eventos violatorios de la vida y de la integridad física se vuelvan a repetir», expresó. AVN
