Como sociedad, podemos entrar en una suerte de “desesperanza aprendida” o una actitud frecuentemente representada en el “¿para qué voy a denunciar si igual no va a pasar nada?”
Puede parecer paradójico que sea un organismo del Estado quien sancione violaciones a los Derechos Humanos en las cuales pueda haber incurrido otro organismo del propio Estado. En otras palabras, pudiese parecer en muchas ocasiones que se está en una situación de “zamuro cuidando carne”.
Esta naturaleza institucional, en ocasiones genera una natural desconfianza en los ciudadanos para denunciar violaciones a sus propios derechos, puesto que denunciar al Estado ante el propio Estado puede lograr más problemas que soluciones. Un ejemplo tan sencillo puede ocurrir con la policía o en cualquier cárcel, donde si una víctima denuncia violaciones a sus derechos, puede sufrir represalias si no se protege su anonimato o si los mecanismos receptores de denuncia filtran la información a los cuerpos que hayan cometido la violación.
En lugares donde las instituciones no son profesionales y confiables, ocurre muchísimas veces un gran problema para aquellos funcionarios encargados de la defensa a los derechos humanos, activistas y en general la sociedad civil: Si los ciudadanos no confían en sus instituciones, tendrán todos los incentivos para no denunciar violaciones a sus derechos por lo que, a nivel de formulación de políticas públicas, diagnóstico y acciones correctivas, la violación nunca ocurrió.
Otra de las causas posibles para no denunciar violaciones de los derechos humanos puede ser la falta de resultados ante las denuncias. Si existen precedentes de denuncias hechas que no hayan llevado a investigaciones serias y sanciones, tampoco existen incentivos por parte de los ciudadanos para denunciar. Como sociedad, podemos entrar en una suerte de “desesperanza aprendida” o una actitud frecuentemente representada en el “¿para qué voy a denunciar si igual no va a pasar nada?”.
¿Qué ocurre cuando
no se denuncia?
Cuando ocurren violaciones a nuestros derechos o en general crímenes, la denuncia del hecho es fundamental. Solo a través del registro de los crímenes se puede conocer la gravedad de la situación en la que se encuentra una sociedad, una localidad y tomar los correctivos necesarios. Ningún organismo del Estado o hacedor de políticas puede resolver un problema que no existe y para el Estado, lo que no se denuncia, no existe.
No existe manera de depurar una institución o de defender a los ciudadanos si los problemas no se denuncian, no se hacen visibles ante las instituciones que deben actuar en regular y sancionar.
Más aún, la ausencia de denuncias lleva a la propagación de un engaño institucional frente a la sociedad. Las instituciones bien pueden rendir cuentas a la sociedad donde no se reflejen crímenes o irregularidades, cuando en verdad si existen, simplemente nunca se denunciaron, y la sociedad puede creer estos datos, que realmente representan un subregistro. En muchas de las rendiciones de cuentas o comparecencias, la institución estaría reflejando la realidad registrada (cómo debe ser), pero que no necesariamente es la realidad que se experimenta en las calles.
Denunciar es una
responsabilidad compartida
Los grandes retos que tienen las instituciones, generalmente en los países en desarrollo, en cuanto a materia de recepción de denuncias se centran en mitigar los dos problemas mencionados previamente en este artículo: la defensa del denunciante y la respuesta efectiva ante las denuncias. Es deber y de interés para toda institución, que se pueda garantizar la seguridad y defensa de quien denuncia justamente para que los ciudadanos denuncien sin temor a que esto conlleve a más problemas, en lugar de más justicia.
Las instituciones también están en la obligación de atender las denuncias de manera efectiva y llevar a la justicia a quienes hayan incurrido en delitos o irregularidades y de hacerlo público. Si el sistema de justicia o los encargados de sancionar a los organismos y funcionarios no actúan ante hechos comprobados de violaciones a derechos humanos y otros crímenes, las denuncias son percibidas como carentes de sentido para los ciudadanos, quienes no encuentran incentivos para denunciar.
Si las instituciones no logran cumplir estos retos, se hace muy difícil que los ciudadanos se vean convencidos de realizar denuncias, consecuentemente llevando a menos confianza en las instituciones, mayores niveles de impunidad y a una sociedad desprotegida. Se requiere de liderazgo político e institucional para lograr superar estos retos, aun cuando pareciera existir cierto conflicto de interés en que el Estado se tenga que regular a sí mismo.
Sin embargo, también es responsabilidad de los ciudadanos denunciar los crímenes y violaciones a los derechos humanos. En la medida que culturalmente incorporemos la denuncia como un deber ciudadano, estaremos también contribuyendo a mejorar las instituciones que nos rigen. Incluso cuando le tengamos poca esperanza a una resolución efectiva de las denuncias que realicemos, es necesario denunciar para que se reporte el crimen y exista, al menos en las estadísticas. Consecuentemente, debemos exigir rendiciones de cuentas en donde deben aparecer estas denuncias reflejadas y exigir como sociedad la resolución efectiva de las denuncias y sanciones a quienes incurran en violaciones de derechos humanos. Un Estado que respete los derechos humanos comienza por unos ciudadanos que así lo exijan y que hagan comprender al Estado que tiene la obligación de respetar a sus ciudadanos y que el poder que puede ejercer legalmente tiene sus reglas y limitaciones.
La importancia
de actuar
No denunciar crímenes o violaciones de derechos humanos tienen implicaciones graves a nivel institucional puesto que se mantiene la impunidad sobre el organismo o funcionario que haya incurrido en una violación a los derechos de los ciudadanos. A menos que se agarre “in fraganti” a un funcionario incurriendo en un hecho concreto, son justamente las denuncias las que activan los procesos de investigación correspondientes que pueden llevar a una sanción del organismo o funcionario infractor
Santiago Rosas
Twitter: @santirosas
La voz de los Derechos Humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz