Cuando el gobierno federal descartó que entre los 28 cuerpos encontrados en las cinco primeras fosas alguno perteneciera al grupo de estudiantes, surgieron preguntas sobre quiénes son esas víctimas
Policías a caballo y perros entrenados se sumaron a la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos que se realiza en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, luego de que se notificó que los restos encontrados en las primeras fosas clandestinas halladas en la zona no correspondían a ninguno de los alumnos.
Al mismo tiempo se analizan los restos contenidos en otro grupo de fosas también encontradas en Iguala, a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México y donde desaparecieron los jóvenes después de ser detenidos por policías municipales y entregados a un cártel de las drogas.
Las tareas para intentar dar con el paradero de los estudiantes en una zona rural controlada por el narcotráfico podrían develar aún más horrores.
A medida que avanza la búsqueda se han localizado más fosas que podrían contener muchos más cuerpos que el número de alumnos desaparecidos.
El miércoles se ubicó al menos una fosa más cerca de Iguala, confirmó un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa. El funcionario no dijo de cuántas se trataba ni dio detalles de su contenido.
Se limitó a señalar que peritos de la procuraduría federal ya trabajan en el lugar para determinar el alcance del hallazgo y que su localización fue posible gracias a la información proporcionada por vecinos.
El mismo funcionario informó que la fiscalía mexicana arrestó el miércoles en el puerto de Acapulco a Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero del grupo criminal Guerreros Unidos, el cártel local vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes.
Cuando el gobierno federal descartó que entre los 28 cuerpos encontrados en las cinco primeras fosas alguno perteneciera al grupo de estudiantes, surgieron preguntas sobre quiénes son esas víctimas y cuántas personas en esa zona del sur de México han sido asesinadas de manera silenciosa.
El presidente Enrique Peña Nieto, que desde hace poco más de una semana ha hablado prácticamente a diario del tema, reconoció que la desaparición de los jóvenes pone a prueba a México, cuya imagen de relativa mejoría en materia de seguridad pública se ha visto sacudida dentro y fuera de sus fronteras.
“Estos lamentables hechos son un momento de prueba para las instituciones y para la sociedad en su conjunto”, dijo el mandatario el miércoles en un acto público en la capital del país.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero señaló en un comunicado que a la búsqueda en la zona rural de Iguala se sumaron policías a caballo para entrar a lugares de difícil acceso. También se incorporó a un número no revelado de perros de rastreo.
El miércoles se repitieron las manifestaciones en apoyo a los estudiantes de Guerrero en distintos puntos del país. En la Ciudad de México, diversas universidades llevaron a cabo paros y mítines, y por la tarde cientos de personas exigieron justicia frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República. Durante esta protesta, un grupo de radicales arrojó piedras, botellas y material incendiario al edificio, que no llegó a quemar nada del interior pero sí rompió varios ventanales.
Por la noche, representantes de varias organizaciones sociales reunidos en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los desaparecidos, anunciaron diversas acciones de protesta que comenzarían el jueves con la toma de 82 ayuntamientos de Guerrero de forma indefinida hasta que los 43 estudiantes sean presentados con vida, dijo Juan Velásquez Cruz, miembro del colectivo Frente Popular.
AP
