Les piden ponerse a derecho y ofrecen «los mejores abogados». Efectivos policiales que no se identificaron manifestaron su inconformidad con la medida y dijeron que “se sienten desmoralizados, al ser enjuiciados por enfrentar al hampa”
La medida privativa de libertad dictadas por el Tribunal 7mo de Control, contra un comisario, dos inspectores y tres detectives que participaron en los sucesos del edificio Manfredir, de El Silencio, donde murieron cinco miembros de dos colectivos, causó profundo malestar en las filas del Cicpc.
El tribunal acogió la solicitud del Fiscal 39, Juan Barradas, contra el comisario Roger Graterol (jefe de Robos), los inspectores Ramón Poleo y Luis Santander (de Homicidios y Hurtos), y los detectives Yoster Reinaldo Brito, Pedro José Gómez y Víctor Rondón (del eje central de Homicidios y de Hurtos).
Funcionarios que no se identificaron manifestaron su inconformidad con la medida y dijeron que “se sienten desmoralizados, al ser enjuiciados por enfrentar al hampa”.
Los acusan por homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales y simulación de hecho punible.
El subdirector, comisario Douglas Rico, convocó a los seis funcionarios para sostener una reunión a fin de instruirlos y que se pongan a derecho, pues contarán con el respaldo de la institución y les pondrán a los mejores abogados.
Extraoficialmente se supo que los funcionarios no han sido ubicados.
