Con ocasión al allanamiento registrado en Quinta Crespo y que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, se refirió a las seis órdenes de aprehensión contra seis funcionarios del Cicpc.
Aseguró que actualmente se conducen las investigaciones y están destinadas al total esclarecimiento de los hechos y a establecer las posibles responsabilidades penales, que como autores o partícipes pueda corresponder a cualquier persona, incluyendo a funcionarios del Cicpc.
“De demostrarse que dichos funcionarios actuaron con apego al marco constitucional y legal, cumpliendo con el deber del cargo de repeler las agresiones en contra de sí mismos o de otros ciudadanos, o de alteraciones antijurídicas del orden público, quedarán amparados por el cumplimiento del deber como causa de justificación”, señaló.
Sin embargo, advirtió que de demostrarse lo contrario y que se demuestre que los funcionarios traspasaron los límites del cumplimiento del deber, exceso a la defensa, “serán responsables legalmente”.
En su programa Justicia y Valores en Unión Radio explicó que la medida de privativas de libertad sobre los funcionarios se deben a las investigaciones que se siguen a dos de los tres eventos ocurridos el pasado miércoles en el Centro de Caracas, en donde perdieron la vida Carmelo González y José Ángel Tovar, así como Enrique Rodríguez y Michael Contreras.
