La sala penal del TSJ fijó para este jueves 23 de octubre una audiencia oral pública al diputado Juan Carlos Caldera, quien consideró que este caso se retoma luego de dos años como parte de una “persecución política”.
Agregó que esta situación se re repite contra otros dirigentes de la oposición, mencionó la denuncia admitida por el TSJ en contra de alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, y las “amenazas” al diputado Carlos Berrizbeitia, a quien lo vinculan con el asesinato de Robert Serra.
“Cada vez que les interesa activan el caso (…) cuando el Gobierno no tiene respuesta a los problemas del país (…) el Gobierno usa esto”.
Caldera anunció que él asumirá su propia defensa en la audiencia en la que se le acusa de la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales, previstos en los artículos 79 y 35 de la Ley Contra la Corrupción, y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.
Aseguró que él no cometió ningún delito porque “los 165 diputados sentados en la Asamblea han recibido alguna vez financiamiento privado” y consideró que si fue ilegal que lo grabaran sin su consentimiento.
El pasado 13 de septiembre de 2013, el parlamentario recibió dinero de manos de un militar activo llamado Eric Fernando Peña Romero, según señaló Caldera, en supuesta representación el empresario venezolano Wilmer Ruperti.
Posteriormente, tres ciudadanos del estado Miranda consignaron un video y lo denunciaron ante el Ministerio Público.
Finalizada la audiencia, que permite réplica y contrarréplica, corresponde a los magistrados del TSJ dictaminar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de Caldera.
Con información de Globovisión
