La misión de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU) en Ginebra ha mandado una carta a la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en la que tilda de “insensatez” la petición de excarcelación de Leopoldo López.
La misiva del Ejecutivo acusa a Zeid de “haberse excedido en su mandato, exhibiendo un total desconocimiento a los límites de su ámbito de actuación y que ha tenido la insensatez de exhortar a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a López y Ceballos”.
La carta especifica que “para el Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, estas declaraciones de Zeid Ra’ad Al Hussein sin duda, se inscriben en la manipulación mediática internacional que ha sido denunciada por la alta dirigencia del Gobierno Bolivariano”.
“Dable es mencionar que Leopoldo López, actor principalísimo del Golpe de Estado en contra del Presidente Hugo Chávez Frías, en 2002, se encontraba disfrutando de libertades plenas, gracias al Decreto de Amnistía emitido por el Presidente Bolivariano, magnánimo gesto destinado al fomento de la paz y la confraternidad entre los venezolanos y venezolanas”.
La misiva da cuenta de que Venezuela ha remitido a la Oficina de Zeid “numerosas comunicaciones en las que queda demostrada con pruebas concretas acompañadas de fotografías y vídeos, la magnitud de la violencia que enfrentó el pueblo venezolano por el intento de derrocamiento del legítimo Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, bajo el plan denominado ‘La Salida’ que promovió Leopoldo López”.
La carta también muestra “estupor”, que la nota de prensa fuese acompañada de una fotografía de Zeid sosteniendo la bandera de Venezuela con Tintori.
“Ésta es sin duda una conducta repudiable. Es un grave irrespeto a la dignidad nacional que el Alto Comisionado otorgue el carácter de representante del pueblo venezolano a una persona de la oposición golpista. De este modo, el Alto Comisionado pretende desconocer la auténtica representación del Estado venezolano”.
López está recluido en una cárcel militar desde el pasado 18 de febrero, cuando se entregó a las autoridades para hacer frente a lo cargos de instigación pública, “agavillamiento”, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos que se produjeron al término de una marcha el 12 de ese mes.
