En la zona fronteriza de La Guajira, es fácil observar como las normas de control establecidas entre Venezuela y Colombia se diluyen en el hábito arraigado del contrabando, atizado y potenciado por carencias sociales propias de una frontera donde confluyen todos los vicios del capital.
En la zona norte de Maracaibo, capital del estado Zulia, un desvencijado vehículo con treinta años de antigüedad, pero dotado con aire acondicionado, cobra 500 bolívares por persona hasta Maicao, capital del departamento La Guajira, Colombia.
Tras una hora de recorrido, el conductor estaciona junto a una choza contigua a la carretera. Dos mujeres y dos niños se acercan al vehículo, y con la pericia que da la práctica diaria, concretan su tarea en unos cinco minutos: equipan con combustible el vasto tanque del carro que al abrir el maletero exhibe dimensiones que saltan a la vista.
A una distancia de 300 metros de esta escena hay dos agentes policiales. La venta de combustible en casas de familia de la zona es totalmente cotidiana.
En el municipio La Guajira la pobreza extrema es aprovechada por las mafias de contrabando. Más de 17 mil familias viven en precarias condiciones. Padecen de deficiencias en servicios como agua potable y recolección de aguas servidas. Además carecen de empleos formales y medios de producción.
Para finales de 2013 y principios de 2014 había un estimado de 20 mil familias que requerían de atención alimentaria, de acuerdo con un censo realizado por la Misión Alimentación, programa social del Gobierno de Venezuela que distribuye mensualmente más de mil toneladas de alimentos en dicho municipio.AVN
