Un proyecto oficial para expulsar a los extranjeros detenidos en el momento de cometer un delito avanza en el Congreso argentino, mientras se repiten por televisión las imágenes de ciudadanos de países limítrofes arrestados como un trofeo de la guerra contra el crimen.
Argentina, que siempre mantuvo una política migratoria de brazos abiertos, ha puesto ahora el foco sobre los extranjeros ante una creciente ola de delitos que figura al tope de las preocupaciones de la sociedad.
La presidenta Cristina Fernández denunció a fines de octubre “un fenómeno creciente de extranjeros que ingresan al país para delinquir” e impulsó en el Congreso un proyecto de reforma del código procesal penal que incluye un artículo para la expulsión de un extranjero cuando haya sido sorprendido cometiendo un delito.
La iniciativa, que el miércoles fue votada en el Senado y se espera que sea sancionada sin dificultades en la Cámara de Diputados, prohíbe a los extranjeros expulsados sin juicio regresar al país por un período no menor a cinco años.
Uno de los impulsores de la norma es el secretario de Seguridad Sergio Berni, quien en un reciente operativo que concluyó con la detención de siete colombianos tras un intento de robo, manifestó que los delitos cometidos por extranjeros son “cosa de todos los días”.
Los discursos del secretario y de la presidenta para nuestro criterio no escapan a la cuestión de lo que llamamos la demagogia punitiva en contexto electoral”, opinó Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Argentina elegirá presidente en octubre de 2015 y la inseguridad se ha convertido en uno de los ejes de la campaña.
AP
