Para Una Ventana a la Libertad organismo no gubernamental dedicado desde hace 17 años a la defensa y promoción de los derechos humanos de los privados de libertad solicita al Presidente de la República la destitución de la Ministra para el Servicio Penitenciario Iris Varela por su incompetencia para ejercer ese cargo.
Para Carlos Nieto Palma, coordinador general de la organización, «el sistema penitenciario está en estado de metástasis, un 60% de retardo procesal de presos sin sentencia y aun sin saber si son culpables o inocentes, aunado a esto hay un 220% de hacinamiento, solo caben 18 mil reclusos pero hay más de 55 mil con casos extremos como la Penitenciaria General de Venezuela que tiene capacidad para 800 personas y hay actualmente 12 mil, igual la cárcel de Tocorón en el estado Aragua tiene capacidad para 600 personas pero hay actualmente 8 mil reclusos».
«Los recientes hechos ocurridos en la cárcel de Uribana con 41 reclusos que fueron envenenados y más de 80 en estado delicado destaparon la olla de la grave situación penitenciaria que vivimos en las cárceles venezolanas ante la indiferencia total de las autoridades. En la cárcel de Uribana ya en enero de 2013 había ocurrido una masacre con un saldo de más de 60 muertos en manos de la Guardia Nacional y sin que el Ministerio Publico emitiera un pronunciamiento alguno sobre el grave caso», explicó.
Nieto Palma afirma que la situación en la cárcel de Uribana sigue siendo muy grave, familiares y algunos reclusos aseguran que «fueron envenenados en una sopa que les dieron a los reclusos y que les ocasiono la muerte pues allí adentro de la sopa estaba el veneno».
Para la ONG «Una Ventana a la Libertad», es preocupante que a la Ministra Iris Varela no se investigue y quede en total impunidad, «no podemos pasar por alto que es la máxima autoridad del Ministerio Penitenciario, cercana al director violador de derechos humanos y torturados Julio Cesar Pérez. El Ministerio Publico tiene la última palabra, ya basta de complicidad y alcahuetearía con estos violadores de derechos humanos y torturadores».
