Debemos reconocer que si ha habido algún éxito en las políticas laborales estatales de estos 15 años, ha sido el lograr distorsionar el mundo del trabajo en nuestro país, para que una gran parte de la masa trabajadora por la presión patronal estatal descarte por temor la huelga al patrono Estado ungido por la revolución, donde sindicatos bolivarianos conforman milicias obreras cuya función es reprimir la protesta laboral, siendo el principal deber del trabajador la asistencia al acto oficialista y asistir a las jornadas obligatorias del trabajo “voluntario” como bozal de arepa.
La regresión laboral determina delatar al compañero de trabajo no afecto al “socialismo del siglo XXI” para despedirlo, no trabajar la semana completa ya que por ley tengo estabilidad absoluta y nadie puede amenazarme, o que el sindicalismo asuma la vocería del Estado exigiendo aumento de la gasolina y se mantenga indiferente ante la existencia de trabajo esclavo en nuestro país.
En otro orden de ideas celebrar que las empresas privadas con fuentes de trabajo estables deben ser estatizadas, así luego al término de 2 o 3 años de gestión oficialista cierren por mala gerencia y corrupción, ocasionando la pérdida del contrato colectivo y el cierre definitivo de estos entes, o difundir la versión que las 400 muertes por sicariato sindical son producto del hampa y no tiene como raíz el tema del desempleo y la impunidad con apoyo gubernamental, o en medio del jolgorio de “así es que se gobierna”, festejar que hayan sido apresados sus compañeros sindicalistas por dirigir huelgas.
En medio de esta orgía del poder, calificar como justicia los desmanes de las inspectorías del trabajo y del Insapsel, quienes utilizan en muchos casos la solvencia laboral y el DLOTTT como una alcabala de los comisarios del partido, donde se aplica la ley del embudo; para el sector privado sanciones de todo género y cobro de comisiones, y para el sector público la permisividad absoluta en las violaciones de derechos laborales.. Este cuadro lamentable es extensible al Poder Judicial cuyas sentencias en el área del derecho del trabajo contienen un curso regresivo de las conquistas sociolaborales alcanzadas desde el siglo pasado.
En esta misma dirección se observa a la Asamblea Nacional como promotora de leyes que penan la libertad sindical con la aprobación de leyes: Ley de Seguridad Nacional, Reforma del Código Penal, Ley de Precios Justos, hasta la aplicación del Código Militar a civiles, donde se establecen diversas penas de prisión de 2 a 6 años por paralizar la labor en el sector público o privado que afecte a la población a criterios de la Fiscalía General o del Juzgado de turno.
En resumidas palabras estas prácticas entre otras, señalan la intención del Proyecto de Estado Comunal, de desmoralizar y prostituir las instituciones laborales con la intervención abusiva del Estado, políticas por cierto afectas e inspiradas en el fascismo franquista y del socialfascismo del Duce Mussolini.
Movimiento Laborista
Froilán Barrios Nieves
