Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos demócratas de este país estamos viendo con buenos ojos que denuncias sobre violaciones de derechos humanos sean aceptadas
Rubén Darío Bustillos Rávago
@rdbustillos
rdbustillos@gmail.com
El texto legislativo conciliado y aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado norteamericano, que contempla las sanciones dirigidas a promover la defensa de los derechos humanos en Venezuela, espera ahora por la firma del presidente estadounidense, Barack Obama, para ser sancionado como ley y entrada en vigor.
Pero a pesar de que casi todo el alto gobierno está involucrado en los actos de violación de los derechos humanos de los manifestantes que pacíficamente participaron en las jornadas de protestas iniciadas el pasado día 12 del mes de febrero, solo afecta a más de 200 funcionarios del régimen y no al pueblo venezolano. De tal manera que aquellos funcionarios civiles o militares, que no estén de acuerdo con los hechos criminales que causaron la muerte a más de 50 personas e infringieron heridas graves a más de 800 y la detención y tortura a más de 3.000 venezolanos, tiene la opción de denunciarlos y presentar su renuncia del cargo para evitar ser acusados como cómplices.
Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos demócratas de este país estamos viendo con buenos ojos que denuncias sobre violaciones de derechos humanos sean aceptadas, sustanciadas y procesadas en instancias extra territoriales dado que en nuestro propio patio carecemos de un sistema judicial confiable como lo establece la Carta Magna venezolana, porque los poderes encargados de administrarla, conformado por el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la Republica, están en manos de miembros del partido oficialista PSUV que obedecen solo a los intereses del régimen totalitario de Nicolas Maduro.
En todo caso, no se puede descartar que esas sanciones sean acogidas por la Unión Europea y aquellos países firmantes de tratados internacionales con los Estados Unidos, que castigan con diversas penas, a los violadores de los DD.HH. universales. Por otra parte, los venezolanos no podemos olvidar la responsabilidad penal de esos criminales quienes, en su oportunidad, serán juzgados y procesados, de acuerdo a nuestra legislación, en instancias nacionales y/o internacionales.
Queremos insistir en que es inaceptable lo expresado por el Sr. Nicolas Maduro y sus adláteres, quienes pretenden confundir a la opinión pública nacional e internacional, manifestando que los norteamericanos están castigando y afectando la soberanía venezolana. Nada más lejos de la verdad; solamente se están penalizando a los funcionarios responsables de sus acciones criminales que en ningún caso afectan al país nacional con cuya bandera pretenden cobijarse.
