La inflación distorsiona totalmente el valor del trabajo y con ello, la posibilidad o el principal canal en lo que los ciudadanos pueden asegurarse un nivel de vida adecuado.
Es importante reconocer que medidas económicas (o la falta de ellas) afectan nuestra calidad de vida y nuestros derechos
Santiago Rosas
¿Tiene la inflación
algún efecto sobre
nuestros derechos?
Una inflación alta es siempre no deseable pues a nivel de sociedad distorsiona enormemente cosas tan básicas como el ahorro y nos hace la vida más cara y difícil. Sin embargo, una inflación alta y en general las crisis económicas también atentan contra nuestros derechos económicos, sociales y culturales.
¿Cómo se le puede garantizar un nivel de vida adecuado a los ciudadanos incluyendo alimentación, vestido y vivienda si los precios suben muchísimo más rápido de lo que lo hacen los sueldos y salarios? Aunque no se asocie comúnmente, las decisiones macroeconómicas de un Estado tienen una incidencia directa sobre los derechos de los ciudadanos. Si un Estado no puede garantizar la estabilidad de los precios y el valor de la moneda (es decir, baja inflación) mucho menos se puede garantizar un nivel de vida adecuado a los ciudadanos. El impacto de la inflación muchas veces no se percibe de manera inmediata y su magnitud puede ser progresiva, al igual que el deterioro de nuestros derechos económicos.
La inflación distorsiona totalmente el valor del trabajo y con ello, la posibilidad o el principal canal en lo que los ciudadanos pueden asegurarse un nivel de vida adecuado. Es importante reconocer que medidas económicas (o la falta de ellas) afectan nuestra calidad de vida y nuestros derechos y por ello debemos exigir que el Estado se comprometa a cumplir con la garantía de nuestros derechos económicos y sociales. En este caso, es exigirle al Estado que vele por una inflación baja que preserve el valor del trabajo de todos los ciudadanos. Es una exigencia que se debe hacer desde el punto de vista social, económico pero también desde una perspectiva de derechos humanos. Vincular la economía con los derechos humanos es una perspectiva quizá novedosa pero necesaria.
El aumento sostenido de los precios también genera serias consecuencias en la garantía de otros derechos humanos como el acceso a la salud e incluso la sostenibilidad financiera de sistemas de pensiones, educación, entre otros. Debemos entender una alta inflación como un problema transversal en la sociedad que compromete la capacidad de privados y públicos de garantizar un mínimo de provisión de servicios básicos o incluso de la capacidad de estar alejados de la pobreza extrema.
¿Y por qué no
regular los precios?
Históricamente, las regulaciones de precio -en Venezuela y otras partes del mundo- efectivamente mantienen los precios a un nivel tal que garanticen que sus ciudadanos mantengan un nivel mínimo de calidad de vida. Sin embargo, aparece la escasez por falta de incentivos económicos para producir. Ninguna empresa -ni siquiera el propio Estado- puede producir a pérdidas de manera sostenida. Entonces, regular los precios no puede ser la manera de garantizar nuestros derechos económicos pues de nada sirve tener el dinero para adquirir bienes y servicios para mantener una calidad de vida si no los encuentro en el mercado. Empíricamente está comprobado y documentado que controles de precio generan escasez y con ello, ponen en riesgo el mantenimiento de niveles mínimos de calidad de vida.
¿Qué podemos hacer
para garantizar nuestros
derechos ante la alta inflación?
Lo primero que debemos hacer como ciudadanos es explicar lo más posible los efectos de la inflación pero también sus causas para así poder exigir las medidas que lo eviten. ¿Cuál es la causa de la inflación? Según Milton Friedman, la inflación es siempre un fenómeno monetario: es decir que el Banco Central imprime más dinero del que debe. En otras palabras, está aumentando la cantidad de dinero para comprar una misma cantidad de bienes y servicios que no aumenta, por lo que cada bien se hará más caro.
Sabiendo esto, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de velar porque el Banco Central no aumente la impresión de dinero exageradamente y si lo hace, exigir que cese hacerlo. Un Banco Central con poca supervisión por parte de sus ciudadanos puede ir en contra de nuestros derechos y hacer que nos encontremos en una situación de alta inflación y con ello la imposibilidad de mantener unos estándares mínimos de calidad de vida. Estas nociones son difíciles de incluir en una narrativa por lo que narrativas erróneas pero más sencillas como los controles de precio, acusaciones a terceros por parte del Estado, entre otros, son más populares por lo que se hace aún más importante la pedagogía ciudadana para poder mantener nuestros derechos, exigiendo las soluciones correctas a los actores responsables.
Como sociedad es indispensable el conocimiento de nuestros derechos y la vinculación con los distintos aspectos de nuestras vidas como sociedad. Entender que las distintas decisiones de privados -pero sobretodo del Estado- tiene profundas implicaciones sobre nuestros derechos humanos, económicos, sociales y culturales. En medida que este entendimiento sea más generalizado y profundo, más eficientes serán nuestras exigencias e intentos por lograr la garantía de los derechos para todas y todos por igual y sin discriminación.
De interés
*** Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.”
Lo que dice la
Constitución
*** “Art. 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria (…)”.
*** Art. 320. “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social (…)”
La voz de los Derechos Humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz