Pablo Jiménez, junto con otros 25 trabajadores del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), fueron despedidos, según afirma ilegalmente, a pesar de estar en vigencia la inamovilidad laboral, por intentar formar un sindicato
Lleva una semana en huelga de hambre, en un comienzo eran dos los protestantes frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicado en el Centro Latino, municipio Libertador; pero ahora solo queda Pablo Jiménez, uno de los 25 trabajadores del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
“A mis compañeros y a mi nos despidieron porque estábamos haciendo un sindicato para los trabajadores del Saren, y desde entonces han emprendido contra nosotros un acoso laboral e institucional”, denunció Jiménez, quien agregó que las presionas han llegado a ser de carácter judicial y policial.
Por tal motivo le hizo un llamado al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para que se pronuncie sobre su caso y se le restituya tanto a él como a sus compañeros en sus puesto.
“Llevo una semana aquí, ¿cómo es posible que en ese tiempo él no se ha dignado a decirme nada, sobre todo cuando ha dado ruedas de prensa a escasos diez metros de donde estoy acampando?”, sentenció.
Denuncias sin fundamento
“A uno de mis compañeros los destituyeron por declarar ante un periodista, por supuestamente desprestigiar a la institución, al Saren, o sea, que por un artículo de periódico, que ni siquiera escribió él, le están montando un expediente y le tienen una persecución armada”, dijo Jiménez. “En mi caso me acusan de “crímenes informáticos”: por haber escrito algunos mensajes en Twitter, cuando no tenía una cuenta en esa red social hasta hace dos meses”.
Según explicó Jiménez, la raíz de la denuncia que está en su contra gira en torno a una cuenta en la popular red de micro mensajes @trabajosaren con respecto a la situación interna del Saren, en donde además se le hacía un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a otros dirigentes del Oficialismo para que intervinieran en el organismo.
“Ni siquiera consta que esa cuenta que señalan es mía, con lo cual están violando un derecho fundamental como la presunción de inocencia y al debido proceso”, dijo. “Y eso estas denuncias sin fundamento con las cuales me han iniciado investigaciones en fiscalía y me han realizado ”
Presiones
“Efectivos del Cicpc han realizado allanamientos en un apartamento que tenía alquilado hace algunos años, pero que todavía estaban en los registros de cuando empecé a trabajar en el Saren: eso solo puede significar que fueron ellos mismos quienes le dieron los datos de mi anterior residencia. A eso me refiero cuando hablo que de ”, denunció Jiménez. “Lo mismo ha ocurrido con la investigación que lleva la fiscalía, los efectivos se la pasaban llamándome sobre ello, pero cuando fui al juzgado al informarme al respecto me dicen que el expediente está cerrado y que no tengo acceso a él; es más, me dicen que me quede tranquilo, que todo el rollo de la investigación era solo para ponerme presión”.
Asimismo, agregó: “No pude ser posible que las instituciones estén al servicio de librarse de los trabajadores que no les resultan conveniente y que un Gobierno hable con tanta ligereza de algo tan grave como es una investigación judicial y un posible juicio. Como me pasó a mi, está ocurriendo en muchos otros lugares. No puede seguir este abuso”.
Inacción
“La Autoridad Única Nacional para la Simplificación de Trámites y Permisos, Dante Rivas, se ha comprometido públicamente ha dicho que atenderá mi caso, pero hasta el momento no he visto resultados; ya estoy cansado que todas mis denuncias terminen en comunicaciones que no llevan a nada”, sentenció Jiménez.
Luís Guillermo Valera
@LuisGValera
lvalera@diariolavoz.net
Fotógrafo: Jaime Manrique
