Los residentes del caserío de Santa Ursula comenzaron a preocuparse cuando empezó la tala de árboles. A las pocas semanas, casi dos kilómetros (más de una milla) de vegetación había desaparecido para abrir camino a maquinaria pesada de dragado.
Era el 2010 y recién comenzaba el trabajo en un ambicioso proyecto a tres años, de 30 millones de dólares, que contemplaba la construcción de una planta hidroeléctrica de 15 megavatios adyacente a la represa del Cerro de Oro, con apoyo de una agencia gubernamental estadounidense.
Acto seguido vinieron las explosiones para abrir un túnel entre las rocas a ser usado para alimentar las turbinas. En Santa Ursula, a 2,4 kilómetros (1.5 millas), tembló la tierra y surgieron grietas en varias viviendas, según los residentes. Finalmente comenzó a salir agua turbia de las canillas y los lugareños empezaron a pensar lo peor: se había contaminado el manantial de la montaña que suministraba el agua potable a casi 2.000 personas y alimenta un arroyo clave para la zona.
«Para nosotros el arroyo es la vida», expresó Federico Cohetero, agricultor de Santa Ursula, un caserío del estado de Oaxaca a seis horas de auto al sudeste de la Ciudad de México.
El proyecto era financiado en parte por la Overseas Private Investment Corp. (OPIC), una dependencia del gobierno estadounidense poco conocida pero con un alcance global. Esa dependencia aportó un préstamo garantizado de 8,5 millones de dólares, que era parte de una partida de 60 millones a ser usada en proyectos energéticos en América Latina.
La inquietud en torno a las explosiones y al agua desencadenó protestas que dejaron el proyecto en suspenso. Hacia fines del 2011, los manifestantes cantaron victoria y demostraron que es posible impedir proyectos de desarrollo en un país donde generalmente esas iniciativas se hacen realidad incluso si los residentes locales se oponen.
La batalla dio a su vez una idea del impacto que pueden tener proyectos de desarrollo apoyados por la OPIC. Esos proyectos, que buscan promover progreso económico, han generado protestas en Liberia, México y Chile, según un estudio de la Associated Press. Pese a que financia obras por valor de 3.000 millones de dólares todos los años, se habla poco de la OPIC y sus manejos no están muy supervisados. La OPIC dijo que sus proyectos generan miles de puestos de trabajo y mejoras en el medio ambiente, pero no revela generalmente el estatus de sus iniciativas.
En México, fueron las protestas comunitarias las que sacaron el tema a la luz.
Gabino Vicente, funcionario municipal de Santa Ursula que hace de enlace con los gobierno, le mostró a periodistas de la AP la zona donde se talaron los árboles. Todavía no hay árboles, aunque la presencia de césped alto y de arbustos indica que se está produciendo una gradual recuperación. Junto al arroyo hay un canal que parece una zanja lleno de rocas, que estropean un paisaje dominado por un frondoso follaje verde.
«Cuando empiezan a talar los árboles del Arroyo Sal … es cuando entendemos la magnitud del daño que estaban empezando a ocasionar» el proyecto, declaró Vicente.
OPIC y el contratista, Conduit Capital Partners LLC, de Nueva York, defendieron la iniciativa. Empleados de OPIC visitaron el lugar y llevaron expertos para que evaluasen el impacto en el medio ambiente. Aseguró que el contratista suspendió el proyecto en un gesto de buena voluntad.
Conduit Capital Partners, que se asoció con empresas locales de México, afirma que la conversión de la represa es una gran oportunidad perdida. «Lamentablemente tuvimos que declararlo pérdida total», dijo George Osorio, socio de Conduit.
Osorio acusó a Accountability Counsel, organización legal de San Francisco que representó a los residentes, de ayudar a matar el proyecto. Sostuvo que «instigó para que la comunidad se opusiese pura y exclusivamente para justificar su existencia».
Accountability Counsel, por su parte, dijo que ayudó a los lugareños a resistir un proyecto que los afectaba profundamente. «Estaban surgiendo grietas en las casas por las explosiones», manifestó la directora ejecutiva Natalie Bridgeman Fields, que visitó Santa Ursula.
Fields dijo que los residentes fueron quienes contactaron a la agrupación, no al revés, y que el daño al medio ambiente hubiese sido mucho más severo de haber continuado el proyecto.AP