Aunque el estado de derecho permitió un control de las autoridades, no resolvió todos los problemas que conlleva la estructura compleja de un Estado, de hecho conlleva en su concepción un riesgo para alcanzar su objetivo: cuál es y cómo se construye el contenido de las leyes
Francisco Martínez Montero
Históricamente, el estado de derecho se ha consolidado como una respuesta frente a los sistemas monárquicos o absolutistas, a través de la consolidación de un mecanismo de control jurídico sobre la concentración del poder – generalmente autoritaria – en una sola persona o poder ejecutivo, para así evitar los riesgos que se generan de este tipo de regímenes como por ejemplo la excesiva injerencia sobre los asuntos de Estado, el control total de sus instituciones y la arbitrariedad en el proceso de toma de decisiones, incluyendo aquellas que están destinadas a la población como por ejemplo las libertades y propiedades.
Con el paso del tiempo, este concepto ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades y contextos sociales, políticos y económicos, cada vez más complejos y basados en entramados gubernamentales que pueden generar o no beneficios para la ciudadanía en general. Así pues, el estado de derecho se ha configurado como aquel regido y ordenado por un conjunto de leyes e instituciones (previamente aprobadas y legitimadas), organizadas generalmente en torno a una Carta Magna (Constitución), que sirven como marco de actuación y control al comportamiento y funciones de las autoridades.
Sin embargo, aunque el estado de derecho permitió un control de las autoridades, no resolvió todos los problemas que conlleva la estructura compleja de un Estado, de hecho conlleva en su concepción un riesgo para alcanzar su objetivo: cuál es y cómo se construye el contenido de las leyes. Tenemos por ejemplo una dictadura o un gobierno dominado por la burguesía que manipule la opinión pública y que controle el poder legislativo y judicial, puede generar leyes a su favor y definirse como ajustado a derecho; por ello debemos tomar en cuenta que para que podamos hablar de un verdadero estado basado en la legalidad, el mismo no debe quedarse en lo estrictamente formal (construcción de leyes), sino que debe transcender al plano material (ejecución de las leyes basada en la garantía de los derechos humanos), y ello solo es viable en regímenes democráticos basados en la participación del pueblo en la construcción de las normas que le van a regir.
Lo social permea lo legal
Tampoco, el estado de derecho por sí solo (si desde el plano formal lo analizamos), es capaz de resolver el tema de las desigualdades sociales y económicas que se han instaurado y arraigado especialmente luego de la revolución industrial, por lo que debe incorporar un nuevo elemento vinculado a la equidad y justicia social y asumir que el Estado es el instrumento por excelencia para alcanzar la transformación social; todo ello a través de la construcción participativa de un marco legal que permite alcanzar el bienestar de la sociedad.
Encontramos acá la noción de estado social de derecho que empieza a ser acuñada a inicio del siglo XX, como una figura basada en la primacía de la ley para controlar el poder del ejecutivo, a través de la división de los poderes, pero teniendo como base fundamental la búsqueda de la armonía entre las clases y la inclusión de valores y contenidos concretos para alcanzarla. Una figura que contempla la reivindicación de los grupos tradicionalmente vulnerados o excluidos de la sociedad, a través de la garantía equitativa de los derechos humanos para todos y todas y no para un grupo determinado que ha sido favorecido por la distribución desigual de las riquezas y de las posibilidades de participar e incidir en las políticas gubernamentales.
Valores supremos del Estado
En esa corriente del pensamiento encontramos el ejemplo venezolano como una de las máximas referencias. Nuestra carta Magna establece en su artículo 2, que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Observamos acá que la ley adquiere un carácter más humano, que reivindica la igualdad social y los derechos humanos como parte del deslastrarnos de una historia marcada por la imposición de los ideales de un grupo que detenta el poder en un momento determinado, en la que hemos logrado tener derechos, pero no ejercerlos.
Todo ello, encuentra mayor viabilidad en los sistemas denominados como democráticos, puesto que allí se afirma por excelencia, la idea de que es en la diferencia y no en la uniformidad, es donde reside el fermento y el alimento más vital para la convivencia, puesto que es la diversidad de opiniones lo que verdaderamente enriquece el crecimiento de una sociedad en convivencia pacífica e inclusiva, basada en el respeto en la igualdad, tolerancia y aceptación. De nada sirve tener un estado social de derecho, si el mismo es controlado por un pequeño grupo que actúa en base a sus propios intereses, y deja de la lado el cumplimiento y satisfacción de las necesidades y derechos humanos de todos y todas en general, las mayorías y las minorías, los grupos de poder y aquellos en situación de vulnerabilidad.
Debemos contribuir,
fortalecer y participar
Más allá de lo establecido en el marco legal (plano formal) debemos apoyar y luchar porque esto se realice (plano material). Apoyemos las políticas públicas dirigidas a materializar los preceptos constitucionales, evaluemos; pero sobre todo debemos contribuir, fortalecer y PARTICIPAR en la construcción de las leyes e incluso proponerlas (iniciativa legislativa) para de esta manera dejar de lado los vicios que se han comentado en los párrafos anteriores, y consolidar un esquema democrático basado en la participación organizada de todos los venezolanos y venezolanas para la búsqueda de una mejor calidad de vida, control del poder y en definitiva alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos
La voz de los Derechos Humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz