Los profesionales que conforman el Movimiento Vinotinto consideran que la Ley de Costos y Precios Justos, aprobada en 2014, afecta directamente a los consumidores al generar la escasez y el desabastecimiento que prevalece en el país.
La norma jurídica forma parte de un paquete de leyes aprobado vía Habilitante, es decir directamente por el presidente Nicolás Maduro, el año pasado. De allí que el movimiento plantea la necesidad de analizar y difundir su contenido ante la colectividad, para lo cual organizaron un Foro Centroccidental que tendrá lugar el viernes 6 de febrero, en el auditorio Ambrosio Oropeza de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.
En rueda de prensa, realizada en la sede del Colegio de Abogados, el director del Movimiento Vinotinto, Manuel Virguez, destacó la participación en el foro de la doctora Cecilia Sosa Gómez, exmagistrada del TSJ, el doctor Antonio Luis Castillo, el doctor Pedro Troconis y el doctor Piero Trepiccione.
«La convocatoria es abierta pero va dirigida al sector afectado por la aplicación de un instrumento jurídico que ha generado polémica y es en gran parte responsable de la coyuntura que se vive en Venezuela. La ley ha generado polémica en los últimos meses y ha sido objeto de análisis, revisión e interpretación por parte de los sectores económicos directamente afectados por los controles, pero más allá de eso, creemos que es responsable del desabastecimiento, la escasez y las colas”.
El 2014 es recordado por los hechos violentos que se registraron en el país, pero según Virgüez en esos 12 meses se registraron hechos silenciosos y graves que inciden directamente en la violación de los derechos de los ciudadanos, entre ellos la aprobación de leyes atípicas que aceleran la crisis.
La Ley de Costos y Precios Justos es un ejemplo, porque «si bien el Estado debe proteger a los débiles jurídicos, también es cierto que en un país que apueste al desarrollo es necesario garantizar estabilidad al sector productivo. Esta norma jurídica que afecta al aparato productivo del país y a la actividad económica en general, porque incide directamente en los consumidores que se ven en la obligación de hacer largas colas para adquirir los productos básicos e, incluso, pueden ser objeto de sanciones”.
Asegura que existen casos en los que se ha aplicado las sanciones penales de la ley a madres y familias que no necesariamente representan al sector productivo, «a raíz de los fenómenos o nuevos mecanismos económicos que han surgido, conocidos con el nombre de bachaqueo”.
El objetivo del foro es promover el debate de todos los sectores sobre la ley.
Según los voceros del Movimiento Vinotinto, los controles, las sanciones administrativas, tributarias y penales impuestas por Estado al aparato productivo, inciden de forma negativa en el sistema económico.
Con información de El Impulso
