La fracción parlamentaria de Primero Justicia anunció que adelantarán una gran jornada de contraloría social a las empresas expropiadas por el Gobierno, para constatar su bajo nivel operativo que ha contribuido a la escasez, a las colas y que ha conllevado a que Venezuela este sometida a una “economía de guerra”.
El diputado a la asamblea nacional, Julio Montoya, se preguntó: «¿Dónde están las empresas que producen harina de maíz en este país, que están en manos del Gobierno? Preguntémosle a nuestros agricultores y campesinos ¿Cómo hacen hoy para conseguir insecticidas y pesticidas que antes los conseguían en Agroisleña y que hoy Agropatria los obliga a hacer cola y a pagar con sobreprecio?»
Aseveró que la grave situación de escasez y desabastecimiento en el país, no será resuelta por Nicolás Maduro, escondiendo las colas en los sótanos o deteniendo a empresarios. Al tiempo que exigió que el gabinete económico demuestre en la AN qué está pasando con las más de 1.500 empresas y fábricas expropiadas que hoy no están produciendo casi nada.
“Preguntemos a los venezolanos ¿Cuánto cuesta un saco de cemento?, producción que está en manos del Gobierno, que hoy esta escaso y con precios que oscilan entre Bs. 700 y 1.000 en la frontera ¿Dónde consiguen las cabillas y a qué precio, si el 100 % de esa producción está en manos del Estado?”.
Montoya recordó los anuncios realizados por el gobierno en la inversión de casi 10 millones de dólares en la fábrica de pañales desechables Guayuco. “Hoy no hay Guayuco, no hay pañales y lo único que hay son las colas interminables”.
El parlamentario exigió que se le explique a los venezolanos ¿Cómo hará Maduro para insistir con el cuento de su fulana guerra económica?, recordemos que expropiaron 4 millones de hectáreas de primera categoría, de primer nivel, las mejores tierras del país, donde antes se producía carne, leche, azúcar, entre otras cosas y que hoy no producen casi nada.
Finalmente invito a todos los venezolanos a utilizar la pagina web www.OperacionLupa.com para realizar sus denuncias en el marco de la contraloría social al gobierno.