Marlene Sifontes, miembro del Frente autónomo en defensa del empleo, el salario y el sindicato, FADESS y Secretaria de organización de Sunep-Inparques, acudió a la Fiscalía General de la República a solicitar a su titular, Manuel Galindo, que inicie una averiguación al Instituto Nacional de Parques (Inparques) por presuntas irregularidades administrativas en el manejo de los recursos para el pago de sueldos y salarios.
Explicó que, de acuerdo a información que manejan, Inparques recibió en julio de 2014 de parte de la administración central, los recursos correspondientes para el pago de un conjunto de deudas pendientes con los trabajadores y no fue sino hasta el pasado mes de enero que comenzaron a pagar el ajuste decretado por el Gobierno nacional al salario mínimo. “El director de Recursos Humanos, Julio César González, nos dijo un más de una oportunidad que no tenían ni una locha y que nos pagarían con mucho sacrificio, mediante los ingresos propios de la institución”.
La dirigente sindical subrayó que cuando los trabajadores de Inparques iniciaron en enero una serie de protestas y se declararon en “conflicto permanente” en reclamo de sus pagos atrasados, “En menos de 24 horas, el 22 de enero, las autoridades de Inparques comenzaron a pagarle a los trabajadores, lo que nos causó mucha suspicacia”.
Destacó que unos 2.500 trabajadores a nivel nacional se vieron afectados por este retraso en los pagos que les adeudaban por el orden de 500 millones de bolívares. “Hicieron los pagos y no entregaron los recibos, lo que trajo como consecuencia un enorme descontento porque nadie sabe qué fue lo que le pagaron y cómo se lo pagaron. Para colmo, la página web donde era posible ver esa información extrañamente está fuera de servicio”.
Hizo un llamado al Contralor Manuel Galindo para que actúe cuanto antes frente a esta situación pues acotó que no existen razones administrativas para retrasar un pago 9 meses después de haber recibido los recursos por parte del Estado. “Esto es un daño no sólo a los trabajadores sino al patrimonio de la nación. Al retrasarse con el pago de los trabajadores, se generan intereses que no quedan reflejados en ninguna parte, por lo que, ¿Quién se hace responsable? Y peor aún ¿Quién se benefició a costillas de dinero de los trabajadores?”.
Anunció que también se dirigirán a la Fiscalía General de la República para que solicitar la apertura de averiguaciones con respecto al manejo de fondos públicos de Inparques. “No nos queda la menor duda que existen delitos penales que la fiscal Luisa Ortega Díaz seguramente estará muy interesada en investigar y esclarecer, gracias a la iniciativa que hemos tomado los trabajadores al ejercer la contraloría social, tal como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
