Boicot y desestabilización de la economía fueron los delitos imputados por el Ministerio Público al presidente ejecutivo y al vicepresidente de operaciones de la cadena Farmatodo, Pedro Luis Angarita y Agustín Álvarez, que ahora se ven amenazados con pena de prisión de hasta 12 años y confiscación de bienes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Precios Justos.
El instrumento jurídico que el sector empresarial ha pedido anular por considerarlo inconstitucional específica, en el artículo 55, que quienes conjunta o separadamente, “desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios regulados por la Sundde, serán sancionados por vía judicial con prisión de diez (10) a doce (12) años”.
A la par, añade el artículo, serán sancionados con multa de mil a 50 mil unidades tributarias (Bs. 127 mil a Bs. 6.350.000) y ocupación temporal hasta por 180 días.
En el artículo 56 se involucra el delito de desestabilización de la economía, una nueva infracción integrada en la reforma de la Ley publicada en enero de 2014 en la Gaceta Oficial N° 40.340.
La Ley señala que cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos, “procuren la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la Nación, las penas contempladas se aplicarán en su límite máximo, igualmente, se procederá a la confiscación de los bienes, conforme a lo previsto en la Constitución”.
La imputación en la audiencia de presentación de los directivos de Farmatodo incluye ambos delitos y, por ende, el límite máximo de la pena, es decir, 12 años de prisión además de la confiscación de los bienes.
Daño a la confianza
El segundo vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, aseguró a Correo del Caroní que es sumamente “grave y lamentable” que el Gobierno “en lugar de solventar las causas de los problemas que originan el desabastecimiento, en vez de crear confianza para atraer inversiones y crear empleo, en medio de una de las más grandes crisis petroleras en la historia, ataque y persiga a empresas privadas de larga trayectoria tradicional, entre esas Farmatodo que invirtió en un modelo de negocio de primer mundo y montó sus tiendas a lo largo y ancho del país y ahora de forma sumarial se persigue a las empresas que han confiado en el país”.
Sostuvo que la detención de los directivos de la cadena de farmacias afecta de manera importante la confianza en la inversión en Venezuela y pone en grave riesgo las pocas probabilidades de éxito de un sistema cambiario que podría establecerse en Venezuela en las próximas semanas, tras los anuncios de modificación realizados hace dos semanas por el presidente Nicolás Maduro.
“Nuestro llamado es a la rectificación y al diálogo y a que se vean las cosas con prudencia y nos sentemos a analizar los graves problemas que tiene el país que son de tal magnitud que ninguna de las partes por si solas lo puede solucionar. El Gobierno tendría que hacer un llamado nacional de concordia en vez de irse por la vía de los ataques y la violencia”, destacó.
Larrazábal apuntó que aunque algunos sectores se han reunido en las últimas semanas con el ejecutivo para discutir problemas puntuales, es necesario analizar cuáles son los correctivos “que tenemos que hacerle a un modelo económico que evidentemente es fracasado, de forma comprobada destruye la libre iniciativa y la creación de valor y al final el consumidor es el más afectado”.
Abogó porque el MP y el ejecutivo rectifiquen, pues los delitos imputados a los directivos son graves.
“Quisiéramos ver esas fiscalizaciones en los canales del Estado. Quisiéramos ver qué pasa en Friosa que fue tomada y está prácticamente desaparecida, quisiéramos ver esas mismas inspecciones en Sidor que producía 4,3 millones de toneladas de acero, y el año pasado no llegó al millón 40 y eso afecta todos los canales. Quisiéramos ver esas inspecciones en las empresas de Sivensa -Sidetur, Orinoco Iron y Venprecar- que también fueron expropiadas, el Gobierno tiene control en buena parte del área y está buscando culpabilizar a los que tienen éxito y han sido exitosos en sus cadenas de producción”, enfatizó.
Sector farmacéutico expectante
La Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) se mantiene expectante ante los anuncios y la detención de los directivos de la cadena más importante del país en materia de distribución de medicinas. El presidente del gremio, Freddy Ceballos, apuntó -por vía telefónica- que están en expectativas y fijarán posición la próxima semana.
Farmatodo cuenta con 167 tiendas en todo el país y es la empresa con mayor distribución de medicamentos.
La confiscación, según la Constitución Nacional
La confiscación de bienes solo procede en los casos que específica el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Carta Magna señala en el mencionado artículo que “no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución”.
“Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.
En ningún caso, se elude a delitos de boicot ni desestabilización de la economía .Correo del Caroní.
