El Gobierno pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) levantar las medidas provisionales que ordenó entre 2006 y 2013 para algunos centros penitenciarios del país con el fin de proteger a los privados de libertad y visitantes.
La viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales del Ministerio de Servicio Penitenciario (MPPSP) de Venezuela, Marielys Valdez, realizó durante una audiencia pública una petición de levantamiento de medidas, ya que, aseguró, el Estado ha cumplido con lo estipulado.
Durante una hora, Valdez expuso ante los jueces de la CorteIDH, organismo con sede en Costa Rica, los logros alcanzados durante los últimos tres años que le permiten decir que Venezuela protege los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
«Se demuestra fehacientemente el esfuerzo bolivariano de forma inmediata y definitiva en la transformación social, cumpliendo cabalmente con las reglas mínimas de tratamiento de reclusos, implementado programas en salud, cultura, deporte, educación y trabajo», declaró la viceministra.
Además, destacó que la gran mayoría de la infraestructura de los centros penitenciarios han sido reformados o reconstruidos y que el número de muertes ha disminuido significativamente debido a una «efectiva protección de la vida de los reclusos».
Por su parte, los representantes de los beneficiarios manifestaron su preocupación, pues las prisiones venezolanas «están caracterizadas por su grado de peligrosidad» y hasta el momento «siguen muriendo internos».
«Las cárceles están caracterizadas por la violencia, hacinamiento, retardo procesal, ocio, maltrato de los funcionarios, entre otras cosas», dijo en sus alegatos el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.
Los representantes de los beneficiarios solicitaron a los jueces de la CorteIDH que se mantengan las medidas provisionales y que insten al Estado venezolano a que permita la visita del relator de personas detenidas en las Américas para que constate la situación en las prisiones.
El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Louis Cavallaro, expresó «preocupación» y urgió a la CorteIDH que pida a Venezuela un plan detallado que responda la situación de violencia.
Cavallaro además afirmó que todavía existen riesgos en las cárceles de Venezuela como falta de asistencia médica, hacinamiento y escasas sanciones a los funcionarios penitenciarios que agreden a los prisioneros.
Las cárceles a las cuales se hace referencia son el Centro Penitenciario Región Capital Yare I y II, el de la Región Occidental, la de Aragua, el de la Región Andina, así como los internados judiciales de Ciudad Bolívar, Monagas y El Rodeo I y II.
La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los estados miembros de ese organismo. EFE
