El secretario de seguridad ciudadana de la Gobernación, David Lozsán, informó este lunes en conferencia de prensa que las 10 camionetas, modelo 4Runner, marca Toyota, estaban escondidas en una granja en el sector Musural, de Guama, municipio Sucre, mientras que los cauchos, de diferentes medidas, estaban en un galpón clandestino en pleno centro de San Felipe.
Las incautaciones se realizaron de manera simultánea el viernes en la tarde, luego que se confirmara las informaciones de vecinos y cooperantes que denunciaron la irregularidad.
Las investigaciones confirmaron que las unidades de transporte pertenecen a una empresa comercializadora denominada Diego y Estefanía Compañía Anónima, con domicilio fiscal en Barquisimeto, estado Lara, y que habían sido adquiridas con dólares Sicad II otorgados por el Estado venezolano. Los propietarios de la empresa aún no se reportan, destacó Lozsán.
Los cauchos pertenecen a una empresa distribuidora del rubro, pero estaban a más de 500 metros del lugar donde debían estar a la venta. Estos se ofertarán al público en ventas supervisadas en los próximos días.
El secretario de Seguridad Ciudadana mencionó que el delito que se imputa en ambos casos es el de acaparamiento, con el agravante, para las camionetas, que éstas fueron adquiridas con recursos o divisas aportadas por la nación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Precios Justos.
Lozsán hizo un llamado público a las comunidades a seguir ayudando a combatir la guerra económica, “con informaciones y denuncias, que nos permitirán abrir las averiguaciones correspondientes, actuar y darle duro a estas mafias que juegan con las necesidades del pueblo”, subrayó.
