Mañana, 12 de febrero, hace un año que un sector opositor y un grupo de estudiantes escogieron el Día de la Juventud como la fecha propicia para marchar contra el Gobierno, una jornada que terminó en violencia y marcó el inicio de una ola de protestas, cuyo final no impidió que persista la tensión en el país.
Entre los motivos de esa protesta de 2014, de acuerdo con lo dicho entonces por sus convocantes, se contaban el desabastecimiento de productos, la inseguridad y la corrupción, causas que no han desaparecido y, en el caso de la ausencia de artículos de la cesta básica, el empeoramiento es más que evidente.
A este nuevo 12 de febrero se llega con un escenario de recesión económica, empeoramiento de la crisis de escasez y desabastecimiento de productos básicos, una inflación del 63,3 por ciento y con la principal fuente de ingresos, el petróleo, enfrentando una fuerte caída en sus precios.
A un año de aquellos sucesos, sin embargo, el país luce a simple vista tranquilo y para este jueves se han hecho tímidas convocatorias desde la oposición para recordar los sucesos de ese día, y los que le siguieron a lo largo de cuatro meses.
El dirigente opositor Leopoldo López, la entonces diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano Antonio Ledezma llamaron a la marcha como parte de la iniciativa que promovieron entonces, llamada «La Salida».
Hoy en día el primero de ellos está preso y la segunda fue despojada de su investidura de parlamentaria.
«La Salida» es señalada por el sector oficialista como una propuesta «golpista» pues no había manera en 2014 de promover un fin del mandato presidencial por vías constitucionales.
Machado y López han insistido desde entonces en que la vía es la «renuncia» de Nicolás Maduro, algo que el presidente ya descartó hacer.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, reclamó este martes que «ahora» se hacen llamar víctimas aquellos que «incitaron a la violencia», que llamaron a ejecutar acciones de calle y que «manifestaron de manera expresa: ‘estaremos en la calle hasta que logremos sacar a quienes están gobernando'».
Las manifestaciones del año pasado, tras la primera marcha, se presentaron, en su mayoría, bajo la forma de guarimbas o barricadas que cortaban las calles y avenidas.
La violencia originada por las acciones de protesta y la actuación policial dejaron 43 muertos, cientos de heridos y detenidos, aunque todavía se investiga como ocurrieron algunas muertes.
Cabe recordar que esa ola de protestas, que se hicieron sentir con más fuerza entre febrero y abril, fueron aplacadas en algunos casos con métodos represivos, aunque a su enfriamiento también contribuyó el inicio de un diálogo entre el Gobierno y una parte de la oposición, un proceso que se suspendió a un mes de activado.
El Gobierno, ante un inicio de 2015 agitado por la crisis de escasez y desabastecimiento, parece querer blindarse ante posibles intentos de protestas, pese a que las convocatorias opositoras no han logrado el arrastre de masas del año pasado.
No obstante, las tímidas acciones de protesta de quienes han mostrado pancartas en las colas que se han formado últimamente frente a mercados para adquirir productos escasos o los intentos de guarimbas en el occidente del país han sido minimizados rápidamente.
Además, hace un par de semanas el Ministerio de Defensa de Venezuela lanzó una resolución para que los efectivos de seguridad sepan como actuar ante las protestas y señaló que en caso de que la manifestación sea violenta se permite el uso de armas «potencialmente mortales».
Datos oficiales indican que, de las personas detenidas durante las manifestaciones que aún permanecen privadas de libertad, 27 son civiles y 14 son funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Maduro y sus ministros han recordado las guarimbas a lo largo de todo este año y las responsabilizan de todas las muertes aunque, como sucede en este país fuertemente polarizado, hay familiares de fallecidos y agredidos que acusan a funcionarios de seguridad del Estado y otros a los manifestantes.
Entretanto, el Gobierno mantiene una actitud de defensa ante una oposición que, asegura, está financiada y organizada por Washington desde donde se estaría promoviendo un golpe de Estado contra Maduro y, parte de ese plan desestabilizador, sería una «guerra económica» con acaparamiento de productos e inflación «inducida».
Estados Unidos, por su parte, ha aprobado en las últimas semanas un conjunto de sanciones contra funcionarios venezolanos vinculados, según Washington, con la represión durante las protestas, que consisten en la eliminación de la visa a los señalados y en la congelación de sus bienes en el país norteamericano, entre otras medidas.
Desde Washington también se ha solicitado a Venezuela la liberación de personas detenidas en el marco de las protestas, considerados «presos políticos» como López, lo que también ha sido una petición hecha desde diferentes departamentos de organismos internacionales.
El Gobierno venezolano ha asegurado que no se pondrá de rodillas ante estas solicitudes y los poderes Judicial y Público han confirmado su respaldo a la Administración de Maduro ante el supuesto plan desestabilizador operado desde Estados Unidos. EFE
