Imagínese usted que se levanta una mañana, abre un portal o lee en la prensa que el Congreso de Colombia aprobó una “Ley de protección y resguardo del Archipiélago Los Monjes”. No sólo le causaría estupor, sino que de inmediato reaccionaria con indignación y esperaría que todos los sectores, políticos, empresariales, gremiales y religiosos, se pronunciaran en rechazo a esa decisión. Las Fuerzas Armadas tomarían medidas preventivas, aun cuando no hubiese ocurrido ninguna ocupación material.
Pues bien, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado la “Ley de protección de los derechos humanos y de la sociedad civil de Venezuela”, una normativa legal destinada a regular la relación de los venezolanos, es decir, de una población que viven en otro país y hace parte de otro Estado. Como toda ley, establece cuál es la autoridad competente, determina obligaciones, deberes y penas. No estamos frente a una simple “lista” o a “sanciones” dirigidas a castigar infracciones de extranjeros en territorio estadounidense.
El caso de Los Monjes es un ejemplo ilustrativo del significado y de la gravedad de una decisión legislación extranjera sobre el territorio nacional. En cuanto a la ley estadounidense, ya es una realidad. Ambas tendrían en común que se refieren a las bases constitutivas de todo Estado, población y territorio, sobre las cuáles no puede ejercer soberanía, ni de hecho ni de derecho, ningún otro Estado. Por supuesto, hay normas que emanan de instancias internacionales, pero los poderes públicos estadounidenses no son instancias internacionales.
No estamos ante opiniones o simples presiones por desacuerdos entre los dos países, sino ante prescripciones jurídicas que colocan a los ciudadanos venezolanos en varios ámbitos bajo la voluntad de un Estado que no es el suyo. Esto no es aceptable, ni siquiera si se invoca una causa justa. Ni el territorio ni los ciudadanos venezolanos pueden ser protegidos por otro Estado. De consentirse, Venezuela se convertiría en un protectorado.
No obstante, en Venezuela hay quienes lo aceptan bajo el argumento de que EE.UU. tendría “derecho” y de que sería una acción “soberana”. Pero se trata de una excusa fútil, porque es obvio que congresistas que no han sido electos por los venezolanos no tienen derecho a legislar sobre la conducta social de nuestra población. Y la soberanía de EEUU tiene como límite la soberanía de los otros Estados.
También hay quienes señalan que por tratarse “tan sólo” de decisiones jurídicas no hay que darles importancia y bastaría con no tomarlas en cuenta. Un argumento evasivo y ligero, que pone en evidencia su inconsistencia al ilustrarse el caso de una decisión legislativa extranjera sobre Los Monjes. ¿Es acaso más importante el territorio que la población?
Por último, hay quienes reconocen que se trata de una intervención, pero la justifican por las malas políticas del gobierno venezolano. Turbados por la polarización, no interpretan el interés nacional, que debería estar más allá del mapa Gobierno-oposición.
Leopoldo Puchi
