La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que un oficial de la PNB, señalado por el homicidio de un adolescente de 14 años de edad de un tiro de escopeta en la cabeza durante una protesta ocurrida en San Cristóbal, ya fue presentado en los tribunales de control de Táchira e imputado por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles.
Al presunto asesino del joven, que fue identificado como Javier Mora Ortiz, de 23 años de edad, también se le aplicó la Lopna por tratarse de una víctima adolescente, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.
En entrevista a una televisora privada, la autoridad lamentó el asesinato del adolescente y envió sus condolencias y solidaridad a los familiares. Asimismo, recalcó que está prohibido el uso de las armas durante manifestaciones y recordó que hizo recomendaciones sobre la resolución 8610, referida al uso de armamento por parte de funcionarios de seguridad en protestas.
Ortega Díaz también instó a los funcionarios de seguridad a actuar con moderación y control.
La fiscal se refirió a la muerte de 5 jóvenes en Caracas e indicó que el MP inició la investigación en el momento que ocurrieron los decesos y no porque un grupo de personas haya solicitado la averiguación. Agregó que todas las muertes violentas son motivo de investigación por parte de la Fiscalía.
“La tumba” es una exageración
La representante del Ministerio Público desmintió la existencia de la habitación denominada “la tumba”, que estaría en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, es una “exageración con mucho contenido político, con fines para causar horror, estupor”.
Señaló que un fiscal inspeccionó las instalaciones del Sebin y el informe no resaltó novedad. Además apuntó que no está entre sus atribuciones invitar a periodistas a verificar las denuncias de supuestas torturas en “la tumba” del organismo de inteligencia.
Asimismo, aseguró que en Venezuela “no hay presos políticos”, sino militantes políticos presos y declaró que el MP solicitó al banco suizo HSBC la lista de los funcionarios venezolanos que tienen cuentan allí.
