El presidente venezolano Nicolás Maduro pedirá personalmente este martes a la Asamblea Nacional superpoderes en tema de seguridad para enfrentar «agresiones imperialistas» de Estados Unidos contra su país, golpeado por la inflación, recesión y desabastecimiento.
«He decidido asistir hoy a la Asamblea Nacional personalmente para entregar la solicitud de la Ley Habilitante por La Paz y la Soberanía…», escribió Maduro en la red social twitter.
El presidente Barack Obama, en una nueva escalada de la tension bilateral, calificó el lunes la situación en la nación sudamericana como «una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos», al implementar sanciones contra siete funcionarios venezolanos que según Washington participaron de la represión a las manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014.
El socialista Maduro, heredero político de Hugo Chávez, replicó acusando a Estados Unidos –al que viene involucrando en planes de golpes y magnicidios– de haber dado «el paso más agresivo, injusto y nefasto que se haya dado contra Venezuela» y anunció que pediría poderes especiales este martes.
La última vez que el presidente solicitó superpoderes –para legislar por un año en temas económicos– fue a fines de 2013 y el lapso entre el pedido y el otorgamiento fue de seis semanas.
Líderes de ONG especializadas en temas de seguridad y analistas políticos opinaron que esta ley habilitante podría ser utilizada para recortar las garantías individuales bajo el fantasma del enemigo externo.
«Usando la figura del enemigo externo, que es el imperialismo, el gobierno aprovecha para construir un entramado legal mas represivo», dijo a la AFP el politólogo Edgard Gutiérrez, coordinador de la empresa de sondeos Venebarómetro.
«La Ley Habilitante Antimperialista será un instrumento contra el enemigo interno y, como las habilitantes de Maduro, orientada a socavar los derechos humanos», coincidió en Twiter Rocío San Miguel, titular de la organización no gubernamental Control Ciudadano, especializada en temas militares y de seguridad.
Superpoderes constitucionales
La ley habilitante es un dispositivo de la Constitución venezolana que permite al jefe de Estado gobernar durante un año por decreto en temas específicos.
Una habilitante debe ser aprobada por la mayoría especial constitucional del 60% de los diputados del legislativo unicameral. Ese es el porcentaje que dispone, precisamente, el gobierno chavista, cuya brigada parlamentaria suma 99 legisladores sobre 165.
De todas formas esa mayoría de la Asamblea permite al oficialismo no solamente sancionar las habilitantes, sino también dar quorum para las sesiones, controlar la agenda parlamentaria y aprobar o rechazar todos los proyectos de ley sin necesidad de ninguna alianza con la oposición.
Maduro requirió y obtuvo en noviembre de 2013 una ley habilitante para legislar en temas económicos y de corrupción durante 2014.
Ese año, en que el gobierno dijo estar sometido a una «guerra económica», Maduro sancionó unas cuatro decenas de decretos, entre ellas normas que fijaron los limites de ganancias a las empresas, centralización de la distribución de alimentos e impuestos específicos a la renta y al consumo.
Venezuela enfrentó en 2014 un clima de degradación económica caracterizado por un déficit fiscal de 20% del PIB, una caída de la actividad económica de 4 puntos, inflación cercana al 70% y una pertinaz penuria de alimentos y medicinas. El dólar paralelo por su parte aumentó 6 veces su valor en el año y medio que va de octubre de 2013 a marzo de 2015.
Por su parte el difunto presidente Hugo Chávez utilizó superpoderes en cuatro ocasiones (2000, 2001, 2008 y 2010) y sancionó dos centenares de decretos.
La declaración de Obama y las sanciones contra siete miembros de las fuerzas armadas y la justicia venezolana se inscriben en el rápido deterioro de las relaciones entre Washington y Caracas, que carecen de embajadores desde 2010 y han protagonizado sonados enfrentamientos diplomáticos desde la llegada al poder del presidente Chávez (1999-2013).
No obstante, las sanciones no tendrán «efecto directo» sobre el sector petrolero, aseguró un alto funcionario estadounidense. Washington es el principal comprador del petróleo venezolano.
El Departamento de Estado había restringido en febrero las visas de una cincuentena de funcionarios venezolanos, y Maduro respondió a fines de ese mes exigiendo la reducción del número de diplomáticos de la embajada de EEUU en Caracas e implementando visas para turistas estadounidenses.
AFP
