Ocho funcionarios de la Policía del estado Bolívar fueron privados de su libertad por su presunta responsabilidad en el secuestro breve de un comerciante de nacionalidad brasilera, ocurrido el 9 de octubre de 2014 en Tumeremo, municipio Sifontes.
El fiscal 5° del segundo circuito de la referida jurisdicción, Marcos Hernández, imputó al supervisor agregado de la Policía de Bolívar, Juan Calatrava (40); los oficiales jefes Jhony Tomás Serrano (36) y Leonel Parra Ramírez (33); y el oficial agregado José Farías Muñoz (50), por la presunta comisión de los delitos de secuestro breve agravado y uso de arma orgánica.
Igualmente, fueron imputados por los citados actos delictivos los oficiales Benjamín Messi Grasée (29), Elvis Pereira Casaña (28), Gilberto Mollegas Velásquez (29) y Jhosué Torrealba García.
Tales delitos han sido previstos en las leyes Contra el Secuestro y la Extorsión, y Para el Desarme y Control de Armas y Municiones, respectivamente.
La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 3° de Control del estado Bolívar, instancia que, a solicitud del Ministerio Público, acordó la privativa de libertad para los ocho efectivos policiales y fijó como sitio de reclusión la sede del Centro de Coordinación Policial de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, municipio Heres.
Aproximadamente a las 2:00 de la tarde del 9 de octubre de 2014, este grupo de funcionarios policiales arribó a la residencia de un prestamista y vendedor de prendas de oro, de nacionalidad brasilera, situada en el sector La Chicharra, Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar.
Los agentes condujeron al comerciante a la sede policial de la mencionada localidad, donde, a cambio de su libertad, lograron extorsionarlo con el pago de 800 mil bolívares en efectivo que estaban en una caja fuerte y la entrega de un lote de joyas de oro.
A las 6:00 de la tarde del citado día, el brasilero fue liberado, pero el 11 de octubre se decidió a denunciar el secuestro ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Luego de analizar pesquisas y entrevistas a testigos del hecho, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión al Tribunal 3º de Control de Bolívar contra los ocho funcionarios policiales involucrados en el secuestro del comerciante, la cual fue ejecutada el pasado 4 de marzo, cuando quedaron detenidos.
