El servicio Antiblanqueo ha descubierto en Banco Madrid contratos sospechosos de empresas españolas con el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez que pueden suponer hasta 90 millones de dólares en comisiones a cambio de su ayuda en la súper obra del Metro de Caracas.
El presidente venezolano terminó adjudicando el proyecto a un consorcio español formado por CAF, Constructora Hispánica, Cobra y Dimetronic por valor de 1.850 millones de dólares y las comisiones pagadas fueron del 4,8% del total.
En el informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) remitido a la Fiscalía consta que las cuatro empresas españolas no sólo estaban unidas en el consorcio que logró la multimillonaria rehabilitación del metro de la capital venezolana.
También tenían otro nexo, el de contar con un mismo socio para «asesoría», «apoyo comercial» o «representación», un mismo comisionista para que las ayudara a conseguir el contrato.
El agraciado era la empresa Tecnotren de Venezuela, que tiene como importante accionista, -con un 40% del capital- a un cliente de Banco Madrid, Carlos Luis Aguilera Borjas. Como ya publicó EL MUNDO el pasado lunes, se trata del ex jefe de los servicios de Inteligencia e incluso ex guardaespaldas personal de Hugo Chávez en la pasada década.
Alianza con Tecnotren
En la filial española del banco andorrano BPA consta que tanto Constructora Hispánica, como Cobra y Dimetronic, firmaron por separado contratos con la empresa de Aguilera en la que le garantizaban un 4,8% de comisión de lo que consiguieran en el contrato del Metro de Caracas. No aparece también el contrato de CAF, pero sí consta que la constructora vasca tenía también firmada una alianza con Tecnotren.
Si pagó la misma comisión que las otras tres, la empresa de Aguilera puede haber cobrado hasta 90 millones de dólares. Sin el concurso de CAF habría ingresado cerca de 50 millones. Además, estas compañías españolas tenían también formada una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otra empresa venezolana, Servicios para Metro (Semeca), también participada al 40% por Aguilera.
«Llama la atención, entre otros factores, que las tres empresas -teniendo objetos sociales diferente- elijan al mismo consultor y que en los tres casos se elija una retribución variable y no fija, siendo además idéntico el porcentaje de remuneración», se afirma en el informe del Sepblac que obra en poder de este periódico.
Según los especialistas, estos contratos se firmaron entre octubre de 2007 y junio de 2008. El 3 de octubre de ese año, el consorcio español logró el contrato del metro, arrebatándoselo a un rival francés. En aquellas fechas, al frente del Gobierno estaba en España José Luis Rodríguez Zapatero. Las relaciones comerciales con Venezuela eran potentes. De hecho, el Ministerio de Defensa, a cuyo frente estuvo José Bono hasta 2006, había formado importantes contratos con el Ejecutivo venezolano para la venta de material militar.
Cobra pertenecía ya en esa época a la constructora ACS y Constructora Hispánica estaba presidida por Alfonso García Pozuelo, ahora imputado por el caso Gürtel.
Pago de comisiones
El pago de estas comisiones se une al ya publicado por este diario con respecto a Duro Felguera. La empresa asturiana, que registró ayer una fuerte caída en Bolsa, pagó 50 millones al ex viceministro de Energía del régimen de Chávez, Nervis Villalobos, por prestar «asesoría oral» en el contrato de construcción de una central de ciclo combinado en Venezuela por valor de 1.500 millones de dólares.
Aguilera era cliente de Banco Madrid y al Sepblac le ha llamado la atención en especial porque recibió, en agosto de 2013, una transferencia desde Suiza de 600.000 euros y remitió a EEUU 87.973 dólares semanas después.
Indicios no comunicados
En opinión de los investigadores, «concurren indicios de blanqueo de capitales» y critican que Banco Madrid ni aplicó un examen especial a Aguilera ni comunicó al Sepblac tales indicios.
Pero no sólo los apellidos de Aguilera y de Villalobos aparecen en el informe del Sepblac sobre dirigentes del anterior régimen venezolano de Hugo Chávez. También del aparato de Seguridad de Chávez es otro cliente de Banco Madrid, el ex viceministro Alcides Rondón. Es uno de los casos en los que la entidad incumplió, según los investigadores, su obligación de realizar un examen especial, tal y como establece el artículo 52.1 g de la citada Ley de 2010.
Es el mismo caso de Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera PDVSA, también cuando era presidida por Rafael Ramírez. Esta gigantesca empresa venezolana, clave para la economía de su país, figura de forma destacada en el informe estadounidense como importante plataforma de fondos.
Pero además de vínculos con el anterior ejecutivo venezolano, en las pesquisas figuran también importantes movimientos de tramas criminales relacionadas con la mafia china (operación Emperador) o con la rusa (operación Clotilde).
El informe elaborado por los especialistas del Banco de España se encuentra ya en manos de la Fiscalía, que ha decidido abrir unas diligencias previas.
Artículo publicado en El Mundo de España
