El expresidente del Gobierno español, el socialista Felipe González, ha aceptado hacerse cargo de la defensa de los dos principales «presos políticos» del gobierno chavista a petición de sus familias: el líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace más de un año, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado 20 de febrero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Ambos están acusados de ser los responsables del desenlace violento de las protestas del año pasado contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se saldaron con más de 40 muertos en las calles, reseña el diario El País, de Madrid.
«La decisión de Felipe González obedece al creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela y a la ausencia de garantías jurídicas de los acusados, presos en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 kilómetros de Caracas». La iniciativa del político español, según ha sabido El País, «pretende también romper el silencio que han mantenido la mayoría de los Gobiernos de América Latina ante los abusos del régimen chavista».
«Instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unasur han fracasado hasta ahora en su intento de mediar en la crisis política venezolana. Caracas tampoco ha atendido las reclamaciones para que libere a los presos políticos formuladas en las últimas semanas por la ONU, el Parlamento Europeo, los Gobiernos de Estados Unidos, España, Canadá y Colombia así como la Internacional Socialista, Amnistía Internacional o Human Rights Wacht, entre otros», reseña la nota del impreso español.
