El gobierno de Costa Rica desautorizó este lunes declaraciones de su embajador en Caracas, Federico Picado, en las que expresó que en Venezuela hay irrestricta libertad de prensa.
«Las opiniones que ha vertido (el diplomático) no las ha hecho reflejando la posición oficial del Gobierno», manifestó el presidente Luis Guillermo Solís ante una consulta de medios locales.
Picado, quien asumió la representación diplomática de Caracas hace dos meses, dio declaraciones al diario costarricense La Nación, publicadas el pasado domingo, en las que expresa opiniones favorables al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
«En los puestos de venta me encuentro con periódicos y revistas cuyos contenidos expresan todo el arcoiris posible de posiciones políticas e ideológicas», aseguró el diplomático ante una pregunta del diario.
«En los servicios de noticias y programas de opinión y análisis de la televisión, encuentro un libre tránsito», agregó el diplomático.
En Venezuela, un sector de la prensa y la oposición política acusa al gobierno de Maduro de restringir la libertad de prensa, mediante diferentes formas de presión como sanciones, amenazas públicas y privadas y de dejar de vender papel para la circulación de diarios.
Picado defendió también las potestades extraordinarias que le otorgó el Congreso al presidente Maduro, «ante la gravedad de la declaración emitida por (el presidente estadounidense Barack) Obama», quien declaró a Venezuela una amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos.
La cancillería emitió un comunicado en el que afirma que las opiniones del embajador «fueron inconsultas y no contaron con el aval de este ministerio» por lo que se ordenó levantar una investigación para «adoptar las medidas correspondientes».
La declaración agrega que de cara a las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela, «Costa Rica convoca a que todos los actores políticos que participen y los medios de comunicación, cuenten con las garantías adecuadas para ese proceso electoral en igualdad de condiciones«.
Además, instó a las autoridades venezolanas a recurrir los mecanismos de supervisión electoral de la OEA, que en elecciones anteriores no ha asistido, y otros organismos.
Finalmente San José reiteró sus disposición a «facilitar el diálogo político y amplio» en Venezuela, que desde inicios de 2014 es escenario de protestas opositoras, algunas derivadas en violencia, contra el deterioro de la economía venezolana y la inseguridad.
