El caso Banco Madrid ya está en la Fiscalía venezolana. Por primera vez en 15 años, Venezuela investigará un escándalo de corrupción relacionado con antiguos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, reseña el diario ELMUNDO de España, asegurando que esto ocurre tras destapar, el pasado 16 de marzo, un presunto blanqueo de capitales por parte de, al menos, seis personas vinculadas al chavismo.
Apenas ocho días después de esa publicación, la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del país bolivariano, que preside Diosdado Cabello, aprobó la propuesta formulada por el diputado de la oposición Julio Montoya para esclarecer los hechos. Nunca antes una iniciativa de la oposición fue aceptada en estos términos, llegando de inmediato a la llamada Comisión de Contraloría, similar al Ministerio Fiscal español.
Fuentes conocedoras de esta iniciativa parlamentaria achacaron la decisión a tensiones internas entre Cabello y el presidente de la República, Nicolás Maduro. No obstante, las mismas fuentes advirtieron de la relación de amistad que existe entre el presidente de la Comisión, Pedro Miguel Carreño Escobar, y Carlos Aguilera Borjas, uno de los implicados en el caso de blanqueo de dinero. En concreto, se trata del ex director de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip). Esto es, el organismo existente antes de que Chávez creara el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido por sus siglas Sebin.
La Comisión de Contraloría tiene la misión de velar por la transparencia de los entes financieros y públicos de Venezuela, además de la fiscalización de la Administración pública en todos sus niveles. Cinco de los seis venezolanos relacionados con el caso Banco Madrid estuvieron vinculados, de manera directa, al Gobierno venezolano.
El citado Aguilera Borjas fue el ex jefe de Seguridad de Chávez. Junto a él, también aparecen en el listado Nervis Gerardo Villalobos, viceministro de Energía; Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de Electricidad de Caracas; Diego Salazar Carreño, familiar de Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela en la ONU y ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA); y Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera. El sexto implicado es el empresario de seguros Omar Farías Luces.
Entre los implicados, tres de ellos tienen empresas en España, en las que ostentan cargos de administradores, según consta en el Registro Mercantil. Se trata del ex director de los servicios de Inteligencia, del ex presidente de la compañía eléctrica y del magnate de los seguros, propietarios, respectivamente, de Clab-Consultoría Inmobiliaria, Catalufa Inversiones Inmobiliarias e Inversiones Porbónica.
A excepción de Clab y Porbónica, que fueron registradas en 2007, Catalufa -la empresa de Alvarado Ochoa- se creó hace apenas seis meses, en septiembre de 2014. Ninguna tiene empleados, ni estructura organizativa y tampoco consta actividad reciente. Es más, los depósitos de cuentas de los últimos años no aparecen. Sólo en el caso de Clab, la sociedad de Aguilera Borjas, constan cuentas anuales correspondientes al año 2012, periodo en el que esta empresa obtuvo un beneficio negativo de 4.838 euros, registrando un capital social de 1,7 millones y activos por importe cercano a los dos millones. Clab-Consultoría Inmobiliaria fue creada con un capital inicial de 3.000 euros.
Las tres están registradas como actividad de promoción inmobiliaria. Aunque no están relacionadas entre sí, Inversiones Porbónica comparte domicilio social con una sociedad vinculada a Alvarado Ochoa. Se trata de Clavo y Canela 2000, una agencia de valores, propiedad de la venezolana Ceciree Carolina Casanova Rangel, cuya apoderada es una española, dueña de la empresa Hondalar. Precisamente, esta sociedad tiene su domicilio en Majadahonda, en el mismo lugar que Porbónica, de Omar Farías.
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