El Ministerio Público logró privativa de libertad para el vicepresidente de Bolivariana de Puertos, Antonio González, y dos inspectores navales adscritos a la citada dependencia estatal y al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos.
La medida obedece a su presunta responsabilidad en una compra irregular de tres embarcaciones de gran velocidad a empresas españolas.
Esta situación data de finales del año 2013 y fue denunciada por autoridades de Bolipuertos el 23 de enero del 2015. Por este hecho también fue imputado otro inspector.
Los fiscales 93º y auxiliar nacional, Rubén Contreras y Tayifo Rodríguez, respectivamente, imputaron a González por ser el presunto autor en los delitos de peculado doloso, concierto con contratista y evasión de procesos licitatorios.
Por su parte, los inspectores Wilfredo Urbáez, Armando Larrazabal y Luís Pagua fueron imputados por ser facilitadores en los dos primeros delitos.
Adicionalmente, los fiscales del caso solicitaron la medida de bloqueo e inmovilización de las cuentas y los bienes de los hoy imputados, sin embargo, el mencionado Tribunal se negó a acordar esta medida.
