La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron su preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en el país. En su informe anual, llaman la atención por “la reducción de los espacios de debate público, en perjuicio del derecho a la libertad de expresión libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte”.
Asimismo, la Relatoría llama la atención en torno al incremento en las agresiones, amenazas y detenciones a periodistas, especialmente en el contexto de las manifestaciones sociales y hechos de conflictividad y denunció la continua estigmatización, por parte de altos funcionarios públicos, de medios de comunicación y periodistas críticos, así como la apertura de procesos sancionatorios y los despidos de comunicadores.
Entre las situaciones abordadas en el informe se menciona, además, la persistencia de la escasez del papel de prensa y los bloqueos al acceso a medios de comunicación a través de Internet.
En el apartado Censura de material periodístico, despidos y renuncias de periodistas, la Relatoría menciona, como en otros casos, la información presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP): Las organizaciones participantes afirmaron que la venta de medios de comunicación a nuevos propietarios –cuya identidad permanecería desconocida– habría generado la salida de numerosos trabajadores despedidos o forzados a renunciar.
eIndicaron que «n el caso Globovisión, a raíz del cambio de patronos fueron eliminados espacios informativos y de opinión, y al menos 60 trabajadores habrían salido de la planta televisiva, despedidos o forzados a renunciar (…) En el caso del Grupo Últimas Noticias, informaron que a partir de su compra personas vinculadas al gobierno nacional y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela habrían sido designadas en puestos claves del grupo».
Informaron que en este contexto, los trabajadores “han denunciado una escalada en los hechos que vulneran su fuero profesional, a través de la censura de sus textos y malos tratos por parte del patrono, teniendo como consecuencia la salida de al menos 51 periodistas”. En este periodo también habría sido desarticulada la Unidad de Investigación del medio impreso. En cuanto a la compra del diario El Universal por parte de un grupo de origen español, indicaron que “una de las primeras decisiones de la nueva directiva fue la restructuración de los espacios de opinión. La empresa prescindió de los servicios de al menos 40 articulistas críticos al Gobierno”.
En este sentido, cita el informe que el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
